La sesión de control al Gobierno ha servido para que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, haya llamado al secretario general del PP, Teodoro García Egea, y se inicien las conversaciones para la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Una llamada fruto de la iniciativa de Pablo Casado, que ha tendido la mano al Gobierno para afrontar juntos el cambio en estos organismos según lo establecido por la Constitución. Aunque Pedro Sánchez no se esperaba esta iniciativa del líder del PP, ha aceptado la propuesta una vez que Casado le puso frente a la contradicción de que haya pactado con Bildu y los separatistas los Presupuestos Generales del Estado, y sin embargo ha sido incapaz de sentarse con el principal partido de la oposición para hablar sobre cuestiones sustanciales que afectan a todos los españoles.

Es cierto que Sánchez sigue sin aceptar la renovación del Consejo General del Poder Judicial según los criterios de independencia de la Justicia que marca la Unión Europea. Pero al menos estas instituciones pueden salir del bloqueo actual. El diálogo debería desarrollarse ahora con altura de miras y sin trampas. Es necesaria una política de Estado en los grandes temas, que vaya más allá del legítimo cálculo partidista. No es de recibo que las instituciones que son pilares del Estado queden al albur de los caprichos de fuerzas que pretenden socavar el marco constitucional. Para impedirlo es necesario un gran acuerdo entre PSOE y PP que se ha hecho esperar demasiado.