Las discrepancias entre el Gobierno y las Comunidades autónomas están dejando malparado el invento de la “cogobernanza”, que podría haber funcionado de no haber sido por el cálculo político y la intención del gobierno de eludir sus responsabilidades en la gestión de la crisis sanitaria. Con los datos diarios de la pandemia se entiende mal que el Gobierno, escudado en su decreto de estado de alarma, se enfrente a las Comunidades que tratan de tomar medidas más estrictas para atajar la oleada de contagios. El Gobierno dispuso un toque de queda con una horquilla entre las 11 de la noche y las seis de la mañana, pero a juicio de algunas comunidades, alarmadas por el alto índice de contagios, esa limitación horaria debería ampliarse.

Castilla y León ha decidido adelantarlo a las ocho de la noche y la respuesta del ministro de Sanidad ha sido recurrir judicialmente esta medida que considera ilegal. De esta manera pone en tela de juicio la “cogobernanza”, que el Gobierno quiere ahora diluir. Igual ocurre con la aplicación de la nueva ley de Educación, cuando la Comunidad de Madrid o la Junta de Andalucía, gobernadas por el PP, tratan de garantizar la libertad de elección de centro.

Sánchez se niega a llegar a acuerdos con la oposición en asuntos sustanciales, como sucede con el Consejo del Poder Judicial que trata de reformar en contra del criterio de los propios jueces y de la Unión Europea.