El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado las medidas impuestas por el Ministro Illa en esta Comunidad, al estimar que vulneran derechos fundamentales de los ciudadanos.

Lo cierto es que el Gobierno adoptó esas medidas sin consenso con la Comunidad de Madrid y retorciendo las leyes, y ahora la Justicia le saca los colores por no haber llevado a cabo una reforma de las leyes sanitarias para combatir la pandemia.

El hecho es que la ciudadanía asiste confusa a medidas y contramedidas difíciles de entender, porque nadie sabe a ciencia cierta con qué criterios se adoptan. Las promesas de acuerdo entre el Gobierno central y autonómico se desvanecieron a los pocos días de la visita de Sánchez a la Puerta del Sol y desde entonces hemos asistido a informaciones confusas y contradictorias. La sensación ciudadana es que no solo se trata de falta de coordinación, sino de actuaciones que rozan la chapuza.

Tras este varapalo judicial lo que cabe esperar es que ambas administraciones, central y autonómica, reconduzcan la situación y actúen de común acuerdo para abordar la pandemia con criterios sanitarios, sentido de la realidad social, y seguridad jurídica. Y más vale que sea así, porque la situación se puede reproducir en otros territorios, y la evolución de la pandemia y de la crisis económica y social no admiten que nos presida el desgobierno.