La reforma del sistema público de pensiones es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan las sociedades europeas. Se trata de una conquista del Estado del Bienestar que nació ligada al pleno empleo, altas tasas de natalidad y un gasto público moderado. La Europa de hoy vive un invierno demográfico, un aumento sobresaliente de las clases pasivas y un gasto público más que cuestionable. Añádase que las sociedades europeas se han dejado fascinar por el ideal del ocio como alternativa a la cultura del trabajo. Las fuerzas sociales y políticas francesas no han sabido llegar a un acuerdo que, con todos estos elementos en la balanza, alcance una reforma realista del sistema de pensiones. Francia ha soportado, desde enero de 2023, siete jornadas de huelga. Llegado al límite de sus fuerzas y sin la certeza de ganar la elección en la Asamblea Nacional, entre otras razones por la división interna de los Republicanos, Macron ha forzado la aprobación por Decreto de la reforma. La oposición de extrema derecha y extrema izquierda ha declarado su voluntad de plantear una moción de censura.

El Gobierno se ha revelado incapaz de llegar a acuerdos, de acercar posiciones y de buscar el apoyo de los sindicatos. Los Republicanos, un partido que aspira a ser alternativa de gobierno, han caído en guerras internas y demostrado escasa altura de miras ante una reforma que, con realismo y previsión de futuro, plantea la prórroga de la edad de jubilación hasta los 64 años. Si Los Republicanos y el partido de Macron creen que el extremismo debe ser neutralizado, deberían actuar de manera responsable y realista para acometer reformas profundas en una situación crítica como la que Francia vive.