La integración social de las personas migrantes es uno de los desafíos de las políticas migratorias de toda democracia. Esta cuestión ha sido abordada por la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado. Caritas ha intervenido en el debate con una propuesta de cinco puntos: afrontar la irregularidad, abordar el tránsito a la vida adulta de los niños y jóvenes que emigran a España en soledad, resolver la situación jurídica de aquellas personas que no pueden ser expulsadas, afrontar la protección internacional de los extranjeros y los problemas que la pandemia genera en grupos específicos.

Caritas acompaña a más de 750.000 mil personas inmigrantes en situaciones muy diversas, y es innegable su conocimiento real y concreto de sus problemas, que pocas instituciones tienen en España. De ahí que sus propuestas relativas a un acceso universal al empadronamiento o a la flexibilización de las rigideces en la legislación de extranjería, la facilitación del reagrupamiento familiar o la atención integral a los menores no son fuegos de artificio sino medidas que nacen del conocimiento de las necesidades específicas. En la mayoría de los casos no se trata de personas en tránsito, sino de personas que han llegado a España para quedarse y dejar de ser emigrantes. Este es el objetivo de la integración: ser parte activa de la sociedad como sujetos de derechos y deberes.