En los últimos tiempos algunas decisiones de órganos judiciales europeos que tienen que ver con España han causado no poca sorpresa. Una de las asignaturas pendientes de la reclamada reforma europea es un cambio en profundidad de las formas de cooperación judicial entre los países miembros. Un dato que avala esa reforma es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a Bélgica por negarse a entregar a España a la etarra Natividad Jáuregui. 

El Tribunal de Estrasburgo condena al estado belga a pagar una cuantiosa indemnización a los hijos del teniente coronel Ramón Romeo, asesinado por ETA en 1981, por “daños morales” al negarse a aplicar una euroórden. Esta sentencia establece que “Bélgica ha incumplido su obligación de cooperar”.

No es la primera vez que la justicia belga se niega a la cooperación judicial efectiva con España. En la mente de todos está el caso de Carles Puigdemont, huido de la justicia española y residente en Waterloo. Lo cierto es que a lo largo de estos años la Audiencia Nacional ha encontrado demasiados problemas a la hora de conseguir que las autoridades belgas colaboren en la aplicación de la euroórdenes por terrorismo. Esta actitud de políticos y jueces belgas se basa en prejuicios atávicos que deberían ser superados por la pertenencia de ambos países a un proyecto común basado en la democracia.

Que haya jueces belgas que sigan desconfiando de los tribunales españoles o piensen que en España no hay un Estado de Derecho pleno, es un problema que afecta a toda la Unión Europea.