En plena expansión de la pandemia se ha desencadenado una batalla judicial y política para exigir responsabilidades por la negligencia que pudo suponer la autorización de las masivas manifestaciones del pasado 8 de marzo. La preocupación y la angustia actuales pueden provocar una lógica irritación y la búsqueda de responsabilidades por la rápida expansión de la pandemia, que ha sorprendido a todos por su virulencia. La crítica de la gestión gubernamental no debe ser censurada ni aparcada durante el estado de alarma, pero hay que evitar caer en adjudicaciones simplonas de culpa. No es el momento del ajuste de cuentas político, en esta hora lo más importante es generar esperanza desde la unión de todos, por eso hay que subrayar la actitud responsable de la oposición durante el Pleno del Congreso celebrado ayer.

No obstante el Gobierno no debe considerarse inmune, y en su momento tendrá que dar cuenta de su gestión de la crisis, con sus aciertos y sus errores, y es importante que mantenga una información fluida y transparente, lejos del autobombo que no tiene ningún sentido. Parece un hecho comprobado que el Gobierno disponía de información sobre la amenaza que representaba el virus días antes de que impulsaran alegremente, por razones ideológicas, las marchas feministas del 8 de marzo. Y resulta absurdo que se señale la fecha del 9 de marzo como el comienzo de la pandemia para eludir responsabilidades. Ahora lo que urge es acertar en las medidas, tanto en el plano sanitario como en el económico, y el Gobierno debe aprender sin demora de los errores cometidos.