Una acogida igualitaria y transparente

 Hoy jueves ha entrado en vigor el Real Decreto Ley que prevé el traslado de más de tres mil menores no acompañados desde Canarias y Ceuta a otras comunidades autónomas. 

Sin embargo, el acuerdo deja fuera a Cataluña y al País Vasco. 

Dada la dependencia del Gobierno de las fuerzas separatistas en esos territorios, resulta evidente que esta excepción no obedece a criterios objetivos, sino a un nuevo intercambio de intereses negociado de espaldas a la ciudadanía. 

La protección de los menores no acompañados es una responsabilidad del Estado en su conjunto. Canarias y Ceuta están desbordadas y ya no pueden garantizar la atención digna que merecen quienes llegan a sus costas. 

Por eso, todas las comunidades deberían asumir un esfuerzo compartido, sin excepción ni tratos de favor. Al mismo tiempo, el Gobierno central tendría que actuar con la lealtad y la transparencia que hasta ahora han faltado. 

La situación de Baleares, con el aumento abrupto la ruta argelina, demuestra que el desafío migratorio seguirá creciendo y que España deberá afrontar escenarios cada vez más complejos.

 Urge, por tanto, abandonar los gestos interesados y abrir un debate social maduro, sereno y realista, que esté a la altura de la complejidad del debate y que pueda alinearse con nuestros socios europeos. 

Es enormemente injusto que el Gobierno negocie privilegios con algunas comunidades en un asunto tan delicado como la acogida de menores, abundando, una vez más, en la desigualdad entre territorios. Favorecer esta disimetría es en sí mismo grave, pero hacerlo para asegurar apoyos parlamentarios revela hasta qué punto seguimos lejos de afrontar la inmigración de forma realista, humana y responsable.