Una regularización necesaria

La cesión de las competencias de migración a Cataluña no sale adelante en el Congreso. El pacto de Junts con el Gobierno incluía, entre otras cosas, la tramitación de las autorizaciones de residencia, la expedición del NIE, la gestión de los CIE y la participación de los Mossos en el control de las fronteras. Un traspaso de este tipo, si en algún momento saliese adelante, vulneraría la Constitución por ceder competencias exclusivas del Estado.

En cualquier caso, es llamativo toda la energía política que se ha desplegado con este posible traspaso y el olvido en el que ha caído la iniciativa para la regularización de más de medio millón de migrantes que estaba en marcha. La petición de regularización llegó al Congreso como una Iniciativa Legislativa Popular que contaba con un gran apoyo social: 600.000 firmas. La impulsaron entidades de muy diverso signo, entre las que estaban organizaciones católicas, ONG y movimientos sociales de muy variado signo. Todos los grupos parlamentarios, excepto VOX, votaron a favor de su tramitación.

Pero ahí quedó todo. El Gobierno y casi todos sus socios, especialmente los nacionalistas, no han hecho nada para que se haga efectiva. Y el PP, que en su momento la apoyó, ahora tampoco quiere saber nada de ella, temeroso de perder apoyo electoral ante el discurso antiinmigración. Los migrantes a los que se pedía regularizar llevan mucho tiempo en España, trabajan aquí, pero en condiciones que atentan contra su dignidad y que no son buenas ni para los empresarios ni para nuestra economía. Falta responsabilidad política hacia el fenómeno de las migraciones.