Registro de objetores

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que va a llevar a la Comunidad de Madrid a los tribunales, por negarse a crear el registro de médicos objetores de conciencia que no quieren practicar abortos. La ley del aborto promovida por Irene Montero estableció que los médicos podían no realizar abortos por razones de objeción de conciencia siempre que se inscribieran en un registro como objetores.

Los registros de objetores han sido criticados por varios colegios de médicos: las consejerías de las Comunidades Autónomas pueden acabar presionando a los médicos para que practiquen abortos. Podrán, por ejemplo, decidir si renuevan o no el contrato de los médicos, en función de si están o no están en las listas de objetores. En el fondo se les pide a los médicos que hagan una declaración de sus convicciones ante el empleador, lo que nos parecería intolerable en otros ámbitos.

La democracia no es solo una cuestión de mayorías, hay también una Constitución en la que se consagran derechos fundamentales como la libertad de conciencia, que debe ser íntegramente respetada. La democracia no puede implicar una pérdida de libertades fundamentales. En democracias complejas como las que vivimos es necesario que sea posible ejercer la objeción de conciencia de modo que la voluntad de la mayoría expresada a través de las leyes no arrolle a la minoría. Es una cuestión compleja que requiere equilibrios, voluntad de diálogo y una sincera atención para que no impere la voluntad de imponer a toda costa un criterio unilateral.