Un plan inhumano

El gobierno británico ha aprobado un plan que autoriza la deportación de inmigrantes solicitantes de asilo a Ruanda. Aunque, en teoría, se trata de que la gestión de las solicitudes de asilo se realice en dicho país africano, numerosas organizaciones denuncian que, en la práctica, muchas de las personas que sean trasladadas permanecerán allí.

De esta forma, el gobierno de Boris Johnson va a subcontratar la tarea de gestionar y dar respuesta a la demanda de asilo de miles de personas a un país como Ruanda que, en el mejor de los casos, puede decirse que tiene una controvertida relación con los Derechos Humanos. Sin ir más lejos, el último informe de la organización “Human Rights Watch” sobre Ruanda detalla torturas, desapariciones de opositores y asesinatos extrajudiciales.

Los británicos pagarán con sus impuestos, a razón de 12.000 libras por persona, esta política desnortada. El acuerdo asegura la manutención y la vivienda de la persona deportada durante 5 años, un pacto de dudosa viabilidad económica y geográfica que es, sobre todo, un acuerdo inhumano carente de base ética, que ha merecido duras críticas de las iglesias y de las organizaciones que trabajan con los refugiados. Veremos hasta qué punto el populismo de Johnson en esta materia encuentra respuesta en la sociedad británica.