No es obstrucción, sino responsabilidad

La Constitución Española, en su artículo 66, otorga al Senado las tres funciones propias de todo parlamento: potestad legislativa, aprobación de los presupuestos del Estado y control del Gobierno. Se equivoca el ministro Bolaños al acusar a los senadores del PP de querer instrumentalizar la Cámara Alta en la tramitación de la Ley de Amnistía. Conforme a las funciones propias del Senado, la mayoría del PP ha resuelto usar las herramientas a su alcance para presentar un conflicto de competencias por entender que la Ley de Amnistía es una reforma encubierta de la Constitución Española. Este procedimiento supone instar al Congreso para que retire la Ley, y si en el plazo de un mes no se responde al requerimiento, la Ley se llevará ante el Constitucional. No se trata, sin más, de dilatar la aprobación de la Ley, sino de cumplir con un deber constitucional ante una norma discutida y discutible que afecta a principios constitucionales clave.