El nuevo Poder Judicial en México

La reforma judicial en México fue diseñada por López Obrador y ha sido implantada por su sucesora, la presidenta Sheinbaum, y ratificada por el Senado. Esta reforma judicial sería uno de los pilares de la llamada 4ª Transformación. Todos los jueces, a nivel federal y estatal, desde la Corte Suprema a los jueces locales serán elegidos, al menos sobre el papel, mediante voto popular. La medida, según López Obrador, era necesaria para democratizar la justicia y luchar contra la corrupción.

En realidad, esta medida no hace otra cosa que potenciar el presidencialismo, neutralizar los contrapesos al poder y asfixiar, un poco más, el Estado de Derecho en México. El núcleo de la cuestión en México no es tanto la elección de los jueces, sino la politización de la justicia en un país en el que el clientelismo político y la corrupción van de la mano. El proceso de elección se inició en junio de 2025 y finalizará dentro de dos años.

¿Quién financia estos procesos electorales ¿Cómo se fiscalizan las aportaciones económicas? ¿Se selecciona a los candidatos por su competencia profesional o por sus posiciones políticas y sus vínculos partidistas? Las cifras que arrojaron las urnas el pasado 1 de junio fueron elocuentes. Se convocó a un millón de ciudadanos de los que votaron solo el 13%.

No hubo clamor popular ni apoyo ciudadano, pero López Obrador y los suyos ya cuentan con una Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional y cabeza del Poder Judicial, a la medida exacta de su proyecto revolucionario.