Una ley cargada de riesgos

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación. Este proyecto legislativo se enmarca en el Plan de Acción por la Democracia con el que Pedro Sánchez intentó responder a los escándalos judiciales que afectan a su entorno más cercano. Este contexto es fundamental para entender la sensibilidad de una normativa que, si bien puede incorporar medidas razonables, también entraña riesgos evidentes. Con la nueva ley promovida por el Ministerio de Transición Digital se creará un registro de medios en el que deberán figurar tanto la estructura de propiedad como los ingresos procedentes de publicidad institucional —ya sea nacional o de terceros países—. Además, la norma otorgará a la CNMC no solo capacidad sancionadora, sino también una eventual potestad para retirar contenidos que promuevan delitos de odio. La clave, como en tantas ocasiones, estará en los detalles. Fomentar el pluralismo y la transparencia en la gobernanza de los medios es, sin duda, una iniciativa loable. Sin embargo, establecer límites a la libertad de información o permitir que el poder político fiscalice a los medios de comunicación conlleva un riesgo inasumible. La trayectoria del Ejecutivo, señalando a periodistas o desacreditando a quienes publican información sensible sobre el entorno del presidente, no invita al optimismo. Será imprescindible examinar con sumo cuidado la tramitación parlamentaria de esta ley. Hay pocas dudas de que el periodismo independiente constituye uno de los contrapoderes más esenciales en un Estado de derecho.