Escándalo y responsabilidad política

En la lucha contra la lacra de la violencia sexual, las Fuerzas  y Cuerpos de Seguridad del Estado son un pilar clave a través de unidades especializadas y profesionales de alta cualificación. De estos profesionales se espera excelencia, servicio a las víctimas y, por encima de todo, un estricto cumplimiento de la ley. Esto es de especial relevancia y significado cuando se trata de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional. Pues bien, la persona que hasta hace escasas horas ocupaba este cargo, José Ángel González, ha dimitido acusado de agresión sexual, coacciones y malversación de caudales públicos. La denunciante es una mujer que, además de haber sido su pareja, era su subordinada. Los hechos, de acuerdo con la denuncia, sucedieron en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior.

Lo sucedido es gravísimo y adquiere una relevancia innegable por la responsabilidad y funciones del autor del presunto delito. Es un escándalo mayúsculo que, por desgracia, afecta al Cuerpo Nacional de Policía, cuyos agentes trabajan cada día con gran esfuerzo y profesionalidad para garantizar la seguridad de todos. Y afecta, desde luego, al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de quien el ahora dimitido era hombre de máxima confianza, y al que se empeñó en mantener incluso más allá de su edad de jubilación. Marlaska dice que no conocía la denuncia, lo cual es difícil de creer. Pero no basta una mera declaración. Hay mucho que preguntar a un ministro ya políticamente abrasado que tampoco asume ninguna responsabilidad política.