Cuando la democracia padece

El afán intervencionista del presidente Trump está llegando a la judicatura. No es nuevo. El Estado de derecho sostenido sobre el imperio de la ley, al que tan sometido está el ciudadano como el gobernante, es la primera y principal garantía frente a la arbitrariedad del poder ejecutivo. Los gobernantes autoritarios, aun en sistemas democráticos, optan por socavar el prestigio profesional de la judicatura, cuestionar su independencia y buscar jueces y fiscales a la medida de sus intereses particulares. Lo hace Trump y lo hacen otros a lo largo y ancho del mundo libre.

Trump desobedece la orden judicial que ordena frenar la deportación de ciudadanos venezolanos y, además, se cree con derecho a solicitar la destitución del juez que la dictó. Y, en su defensa, el vicepresidente Vance proclama en voz alta que un juez, al que se le suponen connivencias con la izquierda woke, no puede interferir en las decisiones de un gobernante elegido democráticamente. El resultado de este planteamiento es de sobra conocido y se llama autocracia. En el caso de Estados Unidos, el presidente ha buscado legitimar sus maniobras con la promesa de restituir valores tradicionales. El pueblo, escribe en la red X, le ha votado y le apoya. Así que todo el que se oponga, juez o fiscal, debería ser destituido. La democracia, también en Estados Unidos, padece cuando un gobernante sostiene que su voluntad, a la que siempre identifica con la voluntad popular, puede sustraerse al imperio de la ley. Los jueces federales tienen ahora la palabra.