Convertir el aborto en derecho constitucional

La Asamblea por la Vida, compuesta por más de 140 asociaciones de la sociedad civil, acaba de hacer un llamamiento al Consejo de Estado para que no contribuya mañana jueves, en su sesión plenaria, a que se cometa un fraude de ley. El máximo organismo de consulta normativa del Estado, presidido por la exviceprensidenta socialista Carmen Calvo, pretende avalar la inclusión del derecho al aborto en nuestra Constitución a través de la modificación del artículo 43, que habla del derecho a la salud, y no por el artículo 15, que se refiere al derecho a la vida y que forma parte del Título I, el ámbito propio de los derechos fundamentales. Esta artimaña legislativa, que además fue denunciada por uno de los padres de la Constitución y miembro del Consejo de Estado, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, implica una mutación constitucional trascendente que exigiría un consenso mayoritario en las fuerzas políticas. En la actual situación parlamentaria, tampoco podría ser aprobada, por las mayorías exigidas.

Hasta la sentencia de 2023, la jurisprudencia del Alto Tribunal ha sido que el concebido y no nacido era un bien que debía ser protegido. A partir de ese momento, utilizando el ambiguo concepto de la “salud reproductiva y sexual”, el Gobierno de Pedro Sánchez ha pretendido convertir el aborto en un derecho constitucional. Mientras crece el consenso científico sobre el reconocimiento del “nasciturus” como un ser único que debe ser tutelado, lo que está provocando cambios legislativos en otras naciones, el gobierno de Sánchez va en dirección contraria y busca provocar una nueva fractura social.