Con un 8% de la población mundial, América Latina acapara casi el 40% de los homicidios. Como recordaba hace unos días un informe del Departamento de Estado norteamericano el epicentro está en Centroamérica, donde el final de los conflictos y de las dictaduras en los 90 dio paso a un clima de extrema violencia. Una de las principales causas es la debilidad de las instituciones públicas y la corrupción política. Ejemplos recientes son los casos de Honduras y, en los últimos días, Nicaragua. La Iglesia se ha ofrecido a facilitar las conversaciones con la oposición, siempre que Daniel Ortega no intente instrumentalizar a los obispos para blanquear la represión de las manifestaciones contra el gobierno. Esa represión se suma al clima de inseguridad en las calles, que las autoridades son incapaces de atajar.

La situación no es distinta en El Salvador o Guatemala, con las mafias de la droga y las maras o pandillas juveniles campando a sus anchas. Eso explica la emigración hacia el norte. La respuesta de Donald Trump es blindar las fronteras, pero se han ensayado otras fórmulas que deberían tomarse en cuenta, en particular en el caso colombiano. La desmovilización de las guerrillas fue clave, pero el espectacular descenso en la violencia ha tenido otras causas más simples como las restricciones al alcohol o las reformas en la Administración. Para esas reformas, los países centroamericanos necesitarían más ayuda internacional. El coste de no hacerlo es muy superior, en términos económicos y, desde luego, en vidas humanas.