Fosas comunes a las afueras de Kiev, disparos contra civiles que pasaban a través de los corredores humanitarios de Mariúpol o fuego directo contra centrales nucleares son sólo algunas de las situaciones que se han visto en las últimas semanas en territorio ucraniano. Todas las miradas apuntan a Putin como posible responsable de los supuestos crímenes de Guerra cometidos en el país vecino de Rusia desde el comienzo de la invasión hace más de dos meses.

Pero, ¿puede que Putin no sea el único que acometa responsabilidades, si lo hace? Vaya por delante que en el año 2019 el Kremlin rechazó los acuerdos de Ginebra y Moscú ya no reconoce al Tribunal de La Haya ni su competencia. Entonces, ¿cómo podría darse un escenario de retribución a Ucrania una vez finalice la guerra?

Los orígenes de un tribunal internacional

Los primeros intentos de establecer una corte internacional que persiguiese los crímenes de guerra datan de 1864, pero el primer ensayo real no llegaría hasta 1919 con la creación del Tribunal Penal internacional tras la Primera Guerra Mundial y con el objetivo de juzgar al Kaiser Guillermo II. Con el Tratado de Versalles, y concretamente en el artículo 227, tiene origen también un tribunal especial para el criminal de guerra.

Así, se constituyen los que se conocen como el Tribunal de Nuremberg, para juzgar a los criminales de guerra nazis, así como un segundo tribunal en Japón, para los crímenes perpetrados en el Asia Oriental tras la Segunda Guerra Mundial. En total, el número de condenas a muerte al concluir los juicios fueron de 19, 12 en Nuremberg y otros 7 en el país del Sol Naciente.

La posibilidad de una causa contra miembros del Ejército

No obstante, las bases de un posible proceso penal internacional se hallan en la creación de las convenciones de Ginebra, en 1949: la convención IV y el protocolo de 1977 defiende la protección de civiles ante ataques militares y la represión de la zona ocupada en pleno conflicto bélico. Este caso es el que podría aplicarse contra Vladimir Putin en tanto una investigación internacional pueda confirmar que tuvieron lugar los crímenes en Jarkov, Mariúpol o Bucha. No obstante, entra en juego un factor determinante: si se abriese un proceso penal en la Corte Penal Internacional, sería obligatoria la presencia de Putin.

Dado que Rusia no reconoce a La Haya desde hace tres años y teniendo en cuenta las relaciones recientes con Europa (el TEDH ha echado a Moscú del Consejo Europeo y del Convenio de Derechos Humanos a partir del 16 de septiembre), no parece previsible que comparezca el líder del Kremlin. Así, tendría que activarse una orden de detención internacional, y que, en un viaje eventual fuera de Rusia, algún país se atreva a ejecutarla.

Otra de las opciones encima de la mesa es la creación de un tribunal extraordinario o la elaboración de un proceso penal desde un país particular. Precisamente países como Polonia ya están llevando a cabo investigaciones independientes para probar que tuvieron lugar los crímenes de guerra en Ucrania. Existen precedentes de condenas de países a otros gobiernos por conflictos en los que los primeros no han tomado parte, como es la condena de Alemania a un coronel sirio de Bacher Al Asad a cadena perpetua.

Este último escenario tienen una traba: tanto Putin como los principales ministros del Kremlin, como el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, tienen inmunidad, por lo que el procedimiento, como ha ocurrido este enero con Siria, serviría para encausar a altos mandos del ejército ruso. La última de las opciones que también se contempla es la retribución de esos crímenes de guerra por medio de multas y sanciones económicas directas, en lugar de penas de cárcel. Una vía que tiene un inconveniente crucial: la posición de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU le daría derecho de veto sobre ellas.