Trump quiere aplicar la pena de muerte en Washington a los condenados por homicidio

El presidente Donald Trump anunció hoy durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca que su administración buscará imponer la pena de muerte para cualquier persona condenada por homicidio en la capital de Estados Unidos, como parte de una ofensiva contra lo que describe como una criminalidad descontrolada en la ciudad.

"Si alguien mata a otra persona en Washington D.C., vamos a pedir la pena de muerte. Es una medida preventiva muy fuerte", afirmó Trump ante su gabinete, según confirmaron varias agencias de noticias. Añadió que todos los miembros de su administración respaldan esta iniciativa, aunque reconoció: "No sé si estamos preparados para esto en este país, pero no tenemos otra opción".

Esta declaración se produce en un contexto de militarización creciente de la capital. Actualmente, más de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional patrullan las calles de Washington junto con agentes federales del FBI, la DEA, ICE y la Policía Metropolitana, todos bajo control federal desde hace dos semanas.

Trump justificó esta medida como parte de su campaña para transformar Washington en una "ciudad sin crimen". Aseguró que, tras la intervención federal, la capital ha pasado de ser "la ciudad más peligrosa del país" a "una de las más seguras del mundo", con más de 1.500 arrestos realizados desde el despliegue militar.

Obstáculos legales e históricos

La implementación de esta política enfrenta importantes desafíos legales. Washington D.C. abolió la pena de muerte en 1981, decisión que fue ratificada por sus ciudadanos en un referéndum de 1992. Desde entonces, los crímenes cometidos en la capital solo pueden ser castigados con la pena capital si se procesan como delitos federales.

En la práctica, no se ha ejecutado a nadie en Washington en los últimos 44 años. Para aplicar la pena de muerte, el gobierno federal tendría que intervenir directamente en los casos de homicidio, un movimiento sin precedentes que probablemente enfrentaría desafíos constitucionales.

Contexto nacional más amplio

Este anuncio se alinea con la agenda de tolerancia cero contra el crimen que Trump ha promovido desde el inicio de su segundo mandato. El 20 de enero de 2025, el presidente firmó una orden ejecutiva para "restaurar la pena de muerte" a nivel federal, y según los datos disponibles, en lo que va de año ya se han ejecutado a 29 personas en varios estados del país.

La medida también refleja propuestas del Proyecto 2025, un plan conservador que aboga por expandir el uso de la pena capital y politizar el Departamento de Justicia, que ahora lidera Pam Bondi, quien ha calificado de "aborrecible" la decisión previa de Joe Biden de conmutar las penas de 37 condenados a muerte federales.

Reacciones y perspectivas

Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado preocupación por el uso de la pena capital en Estados Unidos, el único país del hemisferio occidental que aún ejecuta a condenados. La CIDH ha instado reiteradamente a implementar una moratoria como paso hacia la abolición gradual.

Mientras Trump promete "limpiar" Washington de criminalidad, los datos oficiales indican que los niveles de delincuencia en la capital se encuentran en su punto más bajo en 30 años, contradiciendo la narrativa de crisis utilizada para justificar las medidas de mano dura.

El anuncio presidencial marca un punto de inflexión en la política de seguridad estadounidense, con una expansión sin precedentes del poder federal sobre asuntos de justicia local que probablemente generará intensos debates legales y éticos en las próximas semanas.