Los funcionarios de Malasia que no se vacunen contra la COVID-19 serán objeto de acciones disciplinarias, que podrían incluir el despido, cuando entre en vigor la nueva política referente a la inmunización de este grupo de trabajadores el 1 de noviembre.

Así consta en una circular emitida por el Departamento de Servicio Público del país y recogida por el portal de noticias Bernama. El texto advierte de que, cuando la legislación entre en vigor, las autoridades pueden ordenar a los funcionarios completar la pauta de vacunación contra la COVID-19.

"El 1 de noviembre o después, cualquier funcionario que no cumpla (el requisito de vacunación) puede ser objeto de una acción disciplinaria o de un despido", según el texto.

"Los funcionarios son responsables de estar inmunizados completamente contra la COVID-19 tal y como está prescrito por el Gobierno (...) para garantizar un ambiente de trabajo saludable", agrega la circular.

Por su parte, los jefes de departamento pueden ordenar a los funcionarios que no hayan completado el esquema someterse a un examen médico para determinar su estado de salud o a una prueba diagnóstica de la COVID-19, que tendrán que costearse ellos mismos. El Gobierno sí pagará los test a los empleados que no pueden vacunarse por razones de salud.

En Malasia, más del 70,9 por ciento de la población está vacunada completamente contra la COVID-19, enfermedad que ha dejado más de 2,4 millones de contagios y cerca de 28.000 muertos en el país asiático.