JxCat, ERC, CUP y Comunes han denunciado hoy conjuntamente que el Tribunal Supremo ha procesado a los líderes soberanistas por "su actividad política e institucional" y han alertado de una "vulneración de derechos civiles fundamentales".

En una comparecencia sin preguntas en la sala de prensa del Parlament, Elisenda Alamany (Comunes), Maria Sirvent (CUP), Gerard Gómez del Moral (ERC), Anna Caula (ERC) y Josep Maria Forné (JxCat) han presentado una declaración conjunta para dar respuesta al procesamiento por parte del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de 13 personas por delito de rebelión.

Se trata de una declaración de la Junta de Portavoces acordada solo entre estos grupos que forman mayoría, un texto en el que constatan que "representantes electos así como de organizaciones civiles han sido citados a declarar y procesados ante el Tribunal Supremo por su actividad política e institucional".

La declaración también recuerda a los que siguen encerrados en Estremera y Soto del Real (Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn), y los que están "en el exilio" (Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig, Anna Gabriel y Marta Rovira), así como los que se han visto "obligados a renunciar a su escaño por presiones judiciales".

En este contexto, el manifiesto defiende "la dignidad y la soberanía" del Parlament ante la "intolerante judicialización de la política", e insiste en la "defensa de los derechos políticos de todos diputados" ante una "vulneración de derechos civiles, fundamentales y políticos que afectan a toda la ciudadanía de Cataluña".

El encargado de leer el manifiesto ha sido Gómez del Moral, quien ha deseado que los que hoy están compareciendo ante el Tribunal Supremo vuelvan a casa.

Por su parte, Alamany ha indicado que "esta involución democrática del PP" solo se puede "combatir desde amplias mayorías" y que "el primer paso es recuperar las instituciones y quitarlas de las garras del PP".

Sirvent ha dicho que la "injerencia" de la justicia en la "soberanía del Parlament" solo responde, a su juicio, a "sed de venganza y humillación".

Caula ha denunciado un "asedio judicial" al Parlament y un "ataque directo a derechos civiles y políticos básicos", mientras que Forné ha remarcado que es una "hora grave" y ha denunciado una situación de "injusticia".