El mayor de los dos hijos de la española Juana Rivas y su expareja, el italiano Francesco Arcuri, habló hoy durante unas dos horas con el juez que lleva el proceso civil en Italia sobre la custodia de ambos y explicó la relación que los menores mantienen con sus padres. "Tengo una buena sensación de tranquilidad, esto es fruto de nuestra lucha", dijo Juana Rivas a la salida de los juzgados donde testificó su hijo de 12 años.

"Vamos a ir paso a paso, siempre con la ley y esperando que la ley haga su labor", añadió Rivas. La defensa de Juana Rivas llevaba pidiendo desde hace tiempo que el menor fuera escuchado en la sede del Tribunal de Cagliari, donde se está desarrollado este proceso que comenzó en noviembre de 2017.

Fuentes jurídicas explicaron que el niño respondió a las preguntas que se le realizaron sobre su día a día con los dos padres y sobre supuestos episodios de maltratos que habría vivido con Arcuri, denunciado por Rivas en 2009 y 2016 por violencia machista. Los dos hijos viven actualmente con el padre en el municipio italiano de Carloforte, en la isla de San Pietro, al sur de Cerdeña.

El mayor compareció en audiencia durante cerca de dos horas y lo hizo solo, sin que en la sala estuvieran presentes ni sus padres ni los abogados de ambos, María Eugenia Álvarez, letrada de Rivas, y Serlapo Bardi, de Arcuri. Los cuatro esperaron a que el chico concluyera su testimonio y este respondió a las cuestiones que le hicieron el juez que lleva el caso y el fiscal general sustituto del Estado en Cagliari, Gaetano Portu, que estuvo presente en esta ocasión. Ahora, la Justicia italiana tendrá que evaluar el testimonio del menor y hacer las observaciones pertinentes para dictar un fallo.

Arcuri, condenado en España en 2009 por malos tratos y denunciado de nuevo en 2016, tiene la custodia provisional de los niños desde agosto de 2017, cuando Rivas acató la orden judicial en España que la obligaba a entregar a los menores a su padre, tras permanecer casi un mes en paradero desconocido. Por estos hechos, Juana fue condenada en España a cinco años de prisión, un fallo que ha recurrido ante la Audiencia de Granada.