La comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento europeo debatirá el próximo lunes sobre la creciente presión migratoria sobre las islas Canarias, archipiélago que está registrando cifras récord de llegadas irregulares, con cerca de 2.100 entradas solo el pasado enero.

Al debate con los eurodiputados asistirá la comisaria de Interior, Ylva Johansson, que ya ha expresado en el pasado su preocupación por la "gravísima" situación que se da en la que considera una de las rutas "más mortíferas del mundo".

La comisaria sueca, de hecho, viajó a finales del pasado año a Gran Canaria para observar en primera línea la situación y escenificar la preocupación del Ejecutivo comunitario por la fuerte presión de esta ruta migratoria. Según datos oficiales, al menos 23.000 migrantes llegaron de manera irregular al archipiélago durante el pasado año.

Bruselas ya anunció fondos adicionales para ayudar a Canarias a gestionar el fuerte incremento de llegadas y recalca que personal de la agencia europea de control de fronteras (Frontex) se encuentra en las islas para contribuir también a aliviar la presión sobre el registro de nuevas llegadas.

La comisión parlamentaria, que preside el socialista canario Juan Fernando López Aguilar, también contará durante este debate con la intervención del presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, y con la secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán.

La discusión se produce también en el contexto de la reforma de la política europea de migración y asilo que negocian desde hace varios años los Veintisiete pero que sigue abierta por las enormes diferencias sobre cómo gestionar la acogida que existe entre las capitales.

El Ejecutivo comunitario trató de sacar del punto muerto en que se encuentra la negociación con una nueva propuesta que rebaja la ambición de un mecanismo común obligatorio para repartir el peso de la acogida entre todos los Estados miembro --como querían países como España y Grecia, en la primera línea de entrada--, pero mantiene el principio de solidaridad.

La propuesta de Bruselas pasa por flexibilizar la solidaridad que se exija a los gobiernos nacionales para salvar las reticencias más duras de países como Hungría, que se niegan a cualquier tipo de solidaridad, y abre la puerta a sustituir la reubicación de migrantes por ayudar a los países de entrada a deportar a quienes llegan de manera irregular pero no tienen derecho al asilo.