El Gobierno del presidente Daniel Ortega ha declarado inaceptable la presencia de un Grupo de Trabajo para Nicaragua creado por el Consejo Permanente de la OEA, al que calificó de "injerencista" y al que, según anunció, no le abrirá sus puertas para dar seguimiento a la sangrienta crisis del país.

"El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua declara inaceptable la presencia en nuestro país de la Comisión injerencista integrada el jueves 9 de agosto por el Gobierno de los Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos", señaló el Ejecutivo en una declaración pública.

El Gobierno nicaragüense atribuyó a ese Grupo de Trabajo haber sido formado y dirigido por Washington, desde la OEA, en su afán "de seguir interviniendo en los asuntos internos de Nicaragua", por lo que, sostuvo, sus integrantes "no son bienvenidos a nuestro país". "Por lo tanto, no serán recibidos en nuestro suelo patrio", advirtió.

La creación del Grupo de Trabajo, que busca apoyar el diálogo nacional y contribuir a la búsqueda de soluciones a la crisis que vive Nicaragua, fue aprobada el 2 de agosto mediante una resolución, que recibió el aval de 20 de los 34 países que son miembros activos de la Organización de Estados Americanos (OEA). El grupo, que integra a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú, tiene como objetivo colaborar en el proceso de diálogo nacional en el país centroamericano y articular medidas de apoyo, acompañamiento y verificación.

Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua está sumergida en una crisis sociopolítica que ha originado, según diferentes organizaciones pro derechos humanos, entre 317 y 448 muertos, aunque el Gobierno cifra las víctimas mortales en 198, lo que convierte en la más sangrienta desde la década de los años 80. Las protestas contra Ortega se iniciaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y derivaron en reclamaciones para la del mandatario, que lleva once años seguidos en el poder, y al que sus opositores acusan de abuso y corrupción.