La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte celebra este lunes su reunión anual, seguida de una Asamblea General, que analizará la situación en el mundo y cómo conseguir que más países se sumen a la abolición.

Según un comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores, la cita reunirá a una decena de comisarios de los 23 que integran el panel de eminentes personalidades, formado por exjefes de Estado, presidentes de gobierno, ministros, altos funcionarios de la ONU, jueces y

En su sesión interactiva con los 23 Estados miembros del Grupo de Apoyo se abordará el estado internacional de las aboliciones de la condena a muerte y el apoyo a la resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la moratoria del uso de la pena de muerte, que se aprobará el próximo mes de diciembre en Nueva York.

Según datos de Amnistía Internacional, en 2021 se registraron 579 ejecuciones en 18 países, lo que supuso un incremento del 20% respecto a las 483 ejecuciones registradas en 2020.

Esta cifra representa el segundo número de ejecuciones más bajo registrado por Amnistía Internacional al menos desde 2010.

La mayoría de las ejecuciones de las que se tuvo noticia se produjeron en China, Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria, por ese orden.

China siguió siendo el mayor ejecutor mundial, aunque se desconoce la verdadera magnitud del empleo de la pena de muerte en ese país, al estar clasificados los datos relacionados con ella como secreto de Estado.

Las cifras de Corea del Norte y Vietnam tampoco se incluyen en el total ya que el secretismo y la falta de acceso a información independiente impidieron evaluar las tendencias, informó la ONG.

Al finalizar 2021, más de dos tercios de los países del mundo habían abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica.

En 108 países (la mayoría de los países del mundo) se había abolido la pena capital en la ley para todos los delitos, y 144 países la habían abolido en la ley o en la práctica. En 55 países aún se conservaba la pena de muerte.

La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte fue creada en octubre de 2010 por iniciativa de España y de Suiza, y su sede se encuentra en Madrid desde 2016, por lo que la reunión tendrá lugar en la sede del Ministerio.

Con una aportación anual de unos 100.000 euros, España es el principal contribuyente del organismos, lo que, según Exteriores refleja el compromiso con la abolición universal de la pena capital y la promoción y protección de los derechos humanos.

Presidida por la antigua Alta Comisionada de los Derechos Humanos para los Derechos Humanos, la jurista Navi Pillay, la organización promueve la abolición universal de la pena de muerte incentivando reformas legislativas en los Estados que la mantienen.

Para ello, recurre a labores de diplomacia discreta ayudando con su prestigio y experiencia.

Asimismo, la Comisión busca evitar que se lleven a cabo las ejecuciones, en particular cuando afecten a grupos vulnerables como puedan ser menores de edad, mujeres, colectivo LGTIQ+ o personas con discapacidad.