La peor de las noticias ha caído este martes como una losa sobre Nicaragua. El número de personas asesinadas a manos de grupos armados del Gobierno de Daniel Ortega desde el pasado 18 de abril, cuando comenzaron las revueltas populares contra su gestión, asciende a, al menos 285, frente a las 221 que se manejaban hasta este lunes.

El dato, brindado este martes por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), parece haber silenciado un país asolado por la barbarie de las balas de las "fuerzas combinadas" gubernamentales, formadas por policías, antimotines, parapolicías y paramilitares.

Tras una jornada especialmente sangrienta en la zona noroeste, la ciudadanía desayunó con el dato de la ANPDH, que ha señalado, además, que 2.500 civiles han resultado heridos, 156 se encuentran desaparecidos y 46 han quedado lisiados de forma permanente.

Y así se hizo el silencio. Regresó la calma, una calma tensa que despierta la desconfianza de la población, que ya ha comprobado durante estos más de dos meses que, indefectiblemente, después de un día calmado, vuelve la barbarie a las calles con mayor fuerza que la ya vivida.

Ya nadie se lo cree y así se comenta, entre susurros, en comedores, calles o establecimientos comerciales, donde la violencia desatada en una nación relativamente tranquila en el ámbito centroamericano, ha llevado al país al borde de una guerra civil, que se antoja inevitable cada día que transcurre.

Pero esta aparente calma, lejos de llevar tranquilidad a los nicaragüenses, los pone en alerta sobre lo que está por llegar, tal y como ocurrió en repetidas ocasiones.

Las jornadas tranquilas anuncian regueros de sangre, dolor y lágrimas, quizás antes del siguiente amanecer, tal vez después de la medianoche o por sorpresa en horas de la madrugada, como ocurrió el pasado sábado, cuando las "fuerzas combinadas" atacaron la Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN), donde dos estudiantes perdieron la vida y al menos 15 resultaron heridos.