La sala 7 del Tribunal de Primera Instancia del juzgado francófono de Bruselas ha recibido la demanda de Carles Puigdemont y varios exconsejeros huidos contra el juez Pablo Llarena, instructor de la causa por el 1-O y ha decidido aplazar hasta el 25 de septiembre la fecha para una segunda vista.

Durante la vista introductoria, la magistrada no se pronunció sobre su competencia o no para juzgar la denuncia civil contra Llarena por presunta violación de la presunción de inocencia de los demandantes, que reclaman un euro simbólico como compensación.

La jueza belga se ha limitado a recibir los alegatos por escrito de las partes, estando representado Llarena por el abogado Hackim Boularbah y los demandantes por los letrados Christophe Marchand y Gonzalo Boye, entre otros. El juez Llarena, que no tenía obligación de acudir presencialmente a la vista, no se presentó en el juzgado. Sí lo hicieron los exconsejeros huidos Toni Comín y Lluis Puig, aunque no intervinieron.

El abogado del juez Llarena ha anunciado que el Gobierno español se quiere personar en la causa, ha dejado claro que Bélgica no tiene competencia alguna porque atenta contra la soberanía judicial en España."Permitir al Reino de España intervenir para defender su inmunidad de jurisdicción y la de su abogado, el juez Llarena" ha dicho el abogado delmagistrado español, Hackim Boularbah.

El proceso va a ser muy largo, en un juzgado en el que se han tenido que retirar lazos amarillos puestos a la entrada de la sede judicial. Proceso en el que se tendrá que decidir si se admite a trámite la demanda civil que Carles Puigdemont le puso al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Tanto el ex Presidente de la Generalitat de Cataluña como los cuatro ex Consejeros huidos en Bélgica, le acusan de vulnerar la presunción de inocencia de los acusados y de falta de imparcialidad en el proceso.

Los abogados de Carles Puigdemont reclaman al juez Llarena un "euro" simbólico por daños y prejuicios. Además con esta demanda quieren demostrar que sus causas penales no se están dirimiendo con imparcialidad y que existe en España una politización de la Justicia.

El magistrado Pablo Llarena no tiene la obligación de presentarse en el Palacio de Justicia de Bruselas.

Fuentes de la parte demandante han reconocido que cuando empiece la sesión explicarán que hubo "un error de traducción" en la demanda. Es importante recordar que en la traducción al francés dan por hecho que el Juez Llarena acusaba a los implicados de cometer un delito cuando en realidad estaba utilizando el condicional respetando la presunción de inocencia.

En las declaraciones el juez Pablo Llarena dice que “con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así” mientras que en la demanda presentada los abogados de la acusación aseguran que el juez dijo “y sí es lo que se ha producido, hay que hacer una investigación”.

Hoy era el primer capítulo de un proceso del que algunos expertos aseguran que esta demanda se podría alargar un año.