Fue un año intenso, y tras casi nueve meses Pablo Llarena puso fin el martes a la difícil instrucción del golpe secesionista. A sus responsables ya les queda menos para sentarse en el banquillo. 25 procesados de los que siete están fugados, entre ellos el ex Presidente Puigdemont, a quien suspende de sus funciones como diputado autonómico, al igual que a sus compañeros presos, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turul, Raül Romeva y Jordi Sánchez. Decisión que Llarena ha tomado en base a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al artículo 384 bis, una suspensión automática para los cargos procesados en firme por rebelión y con auto de prisión, incluido el fugado Puigdemont, que tiene decretada la prisión provisional en España. La suspensión quedaría sin efecto si finalmente se les atribuye otro delito distinto al de rebelión o si se modifica la situación de prisión provisional. Y deja en manos del Parlament de Cataluña que puedan ser sustituidos por otros miembrosde sus candidaturas.

Una investigación que ha terminado para los procesados que se encuentran en España. Y en otra pieza separada declara en rebeldía a los fugados, por lo que habrá más de un juicio. Ahora, con la causa concluida, Pablo Llarena pierde la competencia y queda en manos de la Sala de Enjuiciamiento de cara a que se sienten en el banquillo. A día de hoy se espera que comience a final de año.

Finalizada la instrucción las acusaciones tendrán que presentar el escrito de acusación con los delitos que imputan a cada procesado. Interés especial tendrá el escrito de la Fiscalía, si mantiene la acusación por delito de rebelión con el cambio de Fiscal General del Estado. Los cuatro fiscales del Supremo han sido firmes en esa acusación desde el inicio, pero habrá que ver si se mantiene o contemplan el delito de sedición, algo más leve, o rebelión en grado de conspiración. El Supremo dejó la puerta abierta a una posible modificación.

En la Audiencia Nacional, con el causa de Trapero y la cúpula de los Mossos d'Esquadra, la juez Carmen Lamela ha procesado por sedición. Fuentes jurídicas consultadas por COPE señalan que habrá que esperar a la calificación del Supremo para ir en sintonía. No les parace lógico que los mismos hechos se califiquen de distinta manera. Habrá que esperar.