Pedro Sánchez encaja mal los contratiempos, aunque en seguida se rehaga. La debacle del 4-M resultó monumental, pillando a contrapié por su magnitud en La Moncloa y en Ferraz. No se había visto hasta ahora el presidente del Gobierno en tesitura tan desastrosa y humillante. Tanto como para haber huido, a estas alturas, de un pronunciamiento, firmemente decidido a soslayar mensaje alguno de las urnas. Esa ha sido, de hecho, la consigna emitida desde el núcleo duro para tratar de encerrar bajo siete llaves efectos de la hecatombe electoral: “Pasar página y mirar al futuro”.

Tal letanía se repite una y otra vez en pasillos de La Moncloa y rebota por las paredes de Ferraz. Caída en desgracia de José Félix Tezanos y sus manipulaciones del CIS aparte, la insalvable incompatibilidad entre la cúpula del PSOE y el “intocable” Iván Redondo, jefe de Gabinete del presidente, desaparece en la polvareda y el examen autocrítico por la acumulación de daños ha sido aparcado para mantener el mismo rumbo introduciendo “ajustes” a la estrategia, según dejan caer, sin renegar el entorno presidencial de un golpe en clave nacional, de un nuevo ciclo. Pero en el socialismo madrileño se declaran alarmados por el trasvase de voto del PSOE al PP.

Sánchez y su equipo están decididos a moverse lo justo de su calendario político, trazado hace ya tiempo, situándose en espera de buenas noticias con las miradas en la salida de la emergencia sanitaria y la recuperación económica, esto es, del reparto de nuevas cartas con los récords en la vacunación y la disponibilidad de los fondos europeos. Y ni la derrota más dura sufrida por el PSOE hará variar la aspiración a encarar la Legislatura “hasta el final”, hasta 2023, “con cierta garantía de estabilidad interna e impulso externo en nuestra acción”, aventuran. Toca, de entrada, tirar de la varada agenda Legislativa.

En el entorno de Sánchez se ha generalizado la convicción de que en nada afecta el 4-M al Gobierno de coalición y la salida de Pablo Iglesias del escenario solo puede ser beneficiosa. PSOE y UP siguen siendo en las Cortes 120 y 35 escaños, respectivamente, a los que sumar las agarraderas a independentistas, nacionalistas y demás partidos menores. En esa amalgama de socios de investidura, emerge siempre el PNV como ejemplo frente a los altibajos en el canal de confianza con ERC, una fuerza voluble, que tiene a su líder, Oriol Junqueras, en prisión, condenado por sedición y malversación, y lo costoso de asfaltar de su mano la Legislatura.

Pedro Sánchez tiene encima de su mesa decisiones sobre Cataluña, condicionadas a la formación del gobierno de la Generalidad, como la mesa de diálogo o la concesión de los indultos a los condenados por el golpe de Estado del 1-O. Frente a los separatistas catalanes, los nacionalistas vascos son ensalzados por el Gobierno como el costalero más fiel y la entente es presentada como magnifica con la órbita socialista, aunque la relación del lehendakari, Iñigo Urkullu, con Pedro Sánchez ha sufrido un desgaste ante la gestión de la pandemia, llegando al extremo de liderar la rebelión autonómica por el final del estado de alarma. Pero atar al PNV es prioritario.

Y Sánchez refuerza su relación con el PNV con el traspaso de las tres prisiones vascas y las instalaciones de la antigua cárcel de Nanclares al Gabinete de Urkullu. Un acuerdo ya cerrado pero que solo se visualiza en una fotografía conjunta este 10 de mayo, tan solo seis días después del 4-M, con la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias, encabezada por el titular de Política Territorial, Miguel Iceta, y el vicelehendakari, Josu Erkoreka. La puesta de largo de la cesión, con rueda de prensa incluida, ha sido encasillada en “la normalidad” desde La Moncloa, restringiéndola a la gestión de los centros y, según gustan remachar en el complejo presidencial, “sometida a la legalidad penitenciaria estatal”.

Sin embargo, el Gobierno solo ha estado dispuesto a llevar a cabo la escenificación del traspaso tras las elecciones autonómicas de Madrid. ¿La razón? El perjuicio de tal salto para los intereses de sus siglas en la pugna partidista. No es de extrañar porque el Ejecutivo vasco ya ha dejado clara su intención de cambiar el modelo penitenciario en su territorio, mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado, en un constante goteo, presos de ETA a cárceles del País Vasco y de Navarra, algunos con graves delitos de sangre... Todo como consecuencia del endeble pedestal parlamentario sobre el que asienta su poder Sánchez.