Pedro Sánchez ha guardado silencio en estas últimas horas ante la persecución del niño de cinco años de Canet del Mar cuya familia pidió que le dieran el 25% de la enseñanza catalana en español, tal y como obliga una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El fallo cuenta además con el aval además del Tribunal Supremo.

Pero el presidente del Gobierno sigue recibiendo visitas en La Moncloa de mandatarios extranjeros - este viernes es el turno del primer ministro de Francia, Jean Castex, después de entrevistarse con el presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, el jueves - sin mediar una comparecencia conjunta ante la prensa como era tradición. La cobertura de estas bilaterales queda ya restringida a los medios gráficos y a la difusión enlatada de vídeos y notas oficiales.

Sánchez se ha inhibido, mientras miembros de su Gobierno han reconocido la gravedad del pisoteo de los derechos del menor, en medio de llamamientosa la convivencia. “Tengamos confianza tanto en la investigación de las Fuerzas de Seguridad como del Poder Judicial” de las amenazas “y lo importante es garantizar la convivencia”, ha subrayado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Algo más se ha extendido el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, con apelaciones a su paso por La Sexta a usar las lenguas “para entendernos, para crear puentes de entendimiento y para que podamos convivir en el espacio público”.

La condena del Ejecutivo ha ido acompañada de una suerte de contemporización habiéndose creído en disposición de cerrar este mismo jueves un acuerdo sobre la ley audiovisual con ERC. “Estábamos a punto”, admitía a la Cadena COPE un ala socialista desconcertado con la voluntad de los independentistas de estirar la negociación bajo la amenaza de enmendar los Presupuestos Generales del Estado. “Nada nos lleva a considerar nuestro apoyo factible. Nos vemos obligados a movernos”, ha apretado la portavoz republicana, Mirellla Cortés.

El socio separatista ha presentado una quincena de enmiendas, sacando a pasear la posibilidad de dar al traste con el deseo de Pedro Sánchez de que el camino de las cuentas públicas por el Senado sea un trámite exprés para tenerlas aprobadas el 21 de diciembre y además sin necesidad de volver al Congreso. ERC tiene hasta ese mismo día para retirar sus iniciativas y, por tanto, para forzar al Gobierno a aceptar un porcentaje de oferta en catalán, euskera o gallego en los catálogos de todas las plataformas, incluidas multinacionales como Netflix.