“Cataluña condiciona los planes del Presidente”. La frase, textual, sale de los interiores de La Moncloa. Esa resulta ser la clave del arco de la Legislatura: Pedro Sánchez ha planificado gran parte de su acción futura sobre la base de una carrera a las urnas prevista para el 14 de febrero. Un aplazamiento electoral a mayo ante los estragos de la pandemia sólo suscita contratiempos al presidente del Gobierno. De ahí la propuesta del PSC al resto de fuerzas políticas en su cita de este mismo viernes de abrirse a un retraso de un máximo de un mes, hasta antes de Semana Santa. Una oferta ceñida a los intereses de La Moncloa.

Estas son algunas claves de las repercusiones para Sánchez un retraso electoral hasta mayo

Pedro Sánchez y su núcleo duro tendrán difícil aparcar la carpeta de los indultos a los líderes independentistas encarcelados por el 1-O ante un retardo de la fecha de los comicios. En La Moncloa contaban jugar con los tiempos para eludir un pronunciamiento sobre la medida de gracia antes de la campaña.

Evidentemente, una nueva fecha hará llegar a los socialistas con Salvador Illa a la cabeza de la contienda, con todos los informes preceptivos sobre la mesa del Consejo de Ministros, bajo la probable tesitura de haber aceptado ya o rechazado el procedimiento. Las presiones serán de toda índole, incluidas de Podemos y ello aun cuando el entorno presidencial sostenga que los morados “nada tienen que decir al respecto” porque los procedimientos están regulados y sólo corresponde a Justicia elevar la propuesta final al Ejecutivo en su conjunto.

En paralelo, el propio Sánchez esperaba tender puentes con Pablo Casado tras celebrar las catalanas según lo previsto y confiaba en desatascar de una vez por todas la renovación de órganos pendientes, empezando por el Consejo General del Poder Judicial. Esa expectativa de cerrar un pacto descarrila, aún más ante el acelerón dado en las Cortes para maniatar el Poder Judicial, en principio pensado como elemento añadido de coacción al PP. Ya existen voces socialistas augurando un bloqueo del órgano de gobierno de los jueces para el resto de la Legislatura. Desde luego, qué duda cabe, la entente se antoja todavía más complicada.

Mientras, la pandemia lo acapara casi todo y el Ejecutivo se resiste a asumir el coste para Illa, en su doble condición de ministro de Sanidad y de candidato del PSC, de aprobar una modificación del decreto del estado de alarma para endurecer restricciones, entre otras, un nuevo aislamiento domiciliario con carácter general.

En el Gobierno da prevención tal escenario y sus derivadas sociales, económicas, además de políticas, después de unas fiestas de Navidad con 17 modelos distintos en función de la Comunidad Autónoma. Pero, junto al récord de cifras, intranquiliza las repercusiones del cansancio ciudadano.

A sumar, por si faltaba algún elemento perturbador más, Sánchez tiene pendiente a todo su Gabinete de la crisis ministerial. La “operación Illa” conlleva el consabido cambio de cromos: Carolina Darías en Sanidad como sustituta y Miquel Iceta a Política Territorial. Por mucho que el presidente del Gobierno imponga la calma a su alrededor, todo promete volverse más cuesta arriba para sus intereses con una desconvocatoria de las elecciones del 14-F.