El escándalo Plus Ultra arrecia, pero trasciende con claridad una evidencia: El Gobierno vive en vilo la suspensión judicial al rescate de la aerolínea, contando literalmente las horas en parte de sus estamentos, e intenta trazar un cortafuegos a su alrededor. Miran de reojo a la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, tras dejar en el aire el pago de 34 millones de euros de un total de 53, a la espera de una justificación de la residual compañía sobre su necesidad de recibir la ayuda. Por si acaso, sectores del Ejecutivo han hallado la cabeza sobre la que descargar todo su sofoco: El abatido José Luis Ábalos.

Al otrora todopoderoso ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE le atribuyen en exclusiva un rescate que está consolidándose como una piedra en el camino para Pedro Sánchez. Las miras quieren apuntar a un empeño de Ábalos. “¡Este “marrón”es suyo!”, inciden contra quien fuese el hombre fuerte del Presidente, aquel que hasta hace unas semanas era venerado en la sede de la calle Ferraz como “el corazón del PSOE”, el mismo que “jamás caería porque sería como si cayese Pedro Sánchez”. Eso y mucho más decían de él. Ahora mismo, sin embargo, se trata de cavar una fosa ante una endiablada decisión.

Y es que el Gabinete es muy consciente de que pisa terreno pantanoso, sin seguridad, por mucho que imputen a la oposición en bloque estar inmersa en “una operación de desgaste” que, según han defendido, “carece de mayor recorrido”. La polvareda ya ha llevado al PP y a CS a intentar de nuevo la activación de una comisión de investigación en las Cortes, a solicitar una comparecencia urgente de la ministra de Hacienda, a la que se sumó Vox, y hasta a reclamar el cese de María Jesús Montero. El control de daños gubernamental alcanza de lleno su figura, como responsable de la cartera de la que depende la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que es quién manejaba el fondo destinado a empresas estratégicas en España.

En el Ejecutivo preocupa, llegado el caso, un paseillo judicial de altos cargos. Incluida Ana de la Cueva, dimisionaria secretaria de Estado de Economía el pasado mes de mayo, y recién nombrada en la remodelación del Gobierno presidenta del Patrimonio Nacional, imputada por presuntos delitos de malversación y prevaricación junto al resto de miembros del consejo de administración de la SEPI por la inyección de millones aprobada para Plus Ultra. Y ello a pesar de que el ruido parece lejos de disminuir e incluso puede marcar la agenda al Gobierno. Al nombramiento de De la Cueva sólo se le puede llamar ir muy por detrás de los acontecimientos.

Desde luego, la sala de máquinas presidencial aparece incómoda ante un caso que entronca con otro igual de turbio, el Delcygate, que, según especulan en los aledaños del cuartel general del PSOE, representó el inicio del fin de Ábalos. Entonces, se atropelló con diferentes versiones, aunque su equipo siempre mantuvo que fue al encuentro con Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Venezuela, en Barajas porque “era lo que debía hacer”. Sea como fuere, el escándalo Plus Ultra cerca cada vez más al Gobierno de un Pedro Sánchez que, en rueda de prensa para concluir su gira estadounidense, se la jugó y defendió haber sido “escrupuloso” en la operación.