La “mesa de diálogo” con Cataluña sale del congelador tras haber gozado de tiempo sin verse el Gobierno en la tesitura de dar pasos. La carpeta catalana quedó en el aire meses atrás, sin necesidad de retomarla, ante la falta de acuerdo tras las elecciones autonómicas del 14-F. Ahora, la conformación de la nueva Generalidad en virtud de la alianza ERC, JxCAT y la CUP sitúa a Pedro Sánchez al final de la escapada. Y ello, además, cuando cristaliza a su alrededor la percepción de que van quemándose en el calendario semanas negras.

Los focos de incendio parecen ya incontrolables y están abrasando día a día a Sánchez, a pesar de los artificios para intentar marcar la agenda y trasladar la idea de estar en un punto de reseteo de la Legislatura. En el debe gubernamental se acumulan tanto la conmoción por la debacle del 4-M como el desafío de Marruecos sobre nuestra integridad territorial. Y, de colofón, el golpe de la encuesta de GAD3 de este domingo para el diario ABC en la misma línea apuntada por todos los trabajos demoscópicos publicados de cambio de ciclo con un reagrupamiento del centroderecha en torno al PP que desmantela la hegemonía del PSOE.

“El tablero se ha movido”. Eso admiten fuentes socialistas, conscientes de la obligación de aferrarse a una Legislatura larga - “ahora más que nunca”, insisten machaconamente – para darle la vuelta al tablero. Y es que, a pesar de la resistencia de Pedro Sánchez, al Ejecutivo se le están atragantando los acontecimientos que resultan inapelables. A dos años y medio de un pretendido final de mandato, era concebible que hubiera cambios en el Gabinete. Sánchez ha desaprovechado ocasiones como las salidas de Salvador Illa o de Pablo Iglesias. Ahora, sin embargo, se amontonan las especulaciones con una crisis ministerial coincidiendo con el 40 Congreso Federal del PSOE a celebrar entre los próximos 15 y 17 de octubre en Valencia.

Más allá de elucubraciones, Sánchez precisa, además de anotarse el proceso de vacunación y la llegada de los fondos europeos, de pulso político, de actividad legislativa. En otras palabras, debe asegurarse la estabilidad parlamentaria, apoyándose en su mayoría Frankenstein. En ese totum revolutum de siglas, el independentismo catalán puede impulsar, enmarañar o simple y llanamente imposibilitar la Legislatura. El entorno presidencial confía en el pragmatismo de Pere Aragonés después de haber desbancado a Carles Puigdemont del liderazgo separatista. Estrechos colaboradores de Sánchez ven hasta posible una etapa nueva de consolidación de las relaciones. “A ERC corresponde marcar el camino a JxCAT”, glosan desde La Moncloa.

A Sánchez le toca también mover ficha en su pretendida búsqueda de una salida del “conflicto” catalán. Antes que nada, recalcan en su círculo más próximo, debe reunirse la “mesa de diálogo”, pero difícilmente pueden seguir demorando la situación de los líderes secesionistas condenados por el 1-O. El momento de la verdad se acerca. Queda todavía el inminente informe del Tribunal Supremo sobre los indultos que, previsiblemente, será contrario como ya lo fue el de la fiscalía. El trámite culminará en la mesa del Consejo de Ministros, quizá en verano. El Presidente tendría decidido conceder el perdón y así se lo habría hecho saber a ERC.

Para dar fe de esa posición, en La Moncloa van armando el relato. A saber, “el indulto es un derecho que tienen todos los reos si están cumpliendo una condena en firme, con informes a favor o en contra, y de ello hay ejemplos en todos los Gobiernos” o “la medida de gracia es una competencia exclusiva del Consejo de Ministros”. Los intentos por minimizar un perdón llevan incluso a caer en comparativas con las penas de cárcel cumplidas por los condenados en el golpe de Estado del 23-F. “La mayoría – avisan – estuvieron menos de 4 años, y los reos del 1-O llevan tres años y medio tras ingresar en prisión provisional en noviembre de 2017”.

Este último argumento aparece cogido con alfileres. De los cabecillas del golpe del 81, Alfonso Armada fue indultado en 1988, tras cumplir 5 años de internamiento. Jaime Milans del Bosch salió en 1991 solo después de serle concedida la libertad condicional al haber cumplido los 75 años. Cumplió 8 años entre rejas. Pero Antonio Tejero permaneció en la cárcel algo más de 13 años, siendo excarcelado en 1996. En cualquier caso, el guion evidencia las dudas sobre cómo el Gabinete de Pedro Sánchez superará la erosión que le depararán los indultos. Al fin y al cabo, el salto es de enorme calado y conllevará un enorme coste electoral para el PSOE.