El aval del Tribunal Supremo a la designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado arrancó un suspiro de alivio al equipo del presidente del Gobierno. Al fin y al cabo, fue una personal apuesta de Pedro Sánchez que buscó para el cargo a una mujer y optó por confirmar en enero de 2020 la confianza en su ex ministra de Justicia. Golpe en la mesa.

La sombra de la sospecha sobre el hecho de que Sánchez quisiera con la designación teledirigir la fiscalía fue despejada por el propio jefe del Ejecutivo cuando preguntó en voz alta aquello de “¿la Fiscalía de quién depende?, ¿de quién depende? Pues ya está...” Ese reconocimiento, en la campaña electoral de noviembre de 2019, ha perseguido a Sánchez. De aquellos polvos, estos lodos de la irrebatible vinculación partidista del Presidente con la fiscal general del Estado.

Ante el respaldo del Alto Tribunal a la designación de Delgado, en La Moncloa dieron palmas con las orejas para empuñar sin necesidad de aplicarse a los paños calientes el “escrupuloso respeto a la legalidad” del nombramiento de la máxima responsable del Ministerio Público. Sin embargo, no siempre lo tuvieron tan claro. El nerviosismo de la propia Delgado sobre su suerte meses atrás llevó a colaboradores de Sánchez a considerarla en privado “amortizada”.

Ahora, el Gabinete ha podido presumir de la inadmisión de los recursos interpuestos por el PP y Vox contra el nombramiento de la ex ministra de Justicia. “Han hecho el ridículo en su intento continuo de dañar al Gobierno a base de judicializarlo todo”, avisan en la sala de máquinas monclovita donde ponen además la guinda: “La Oposición va a comerse a Lola [Delgado] toda la Legislatura”. Una de las claves de la satisfacción radica precisamente en la certeza trasladada ante los suyos por el propio Pedro Sánchez de que la Sección Cuarta de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Supremo sería favorable a sus intereses.