El Gobierno enmarca el pleno del próximo miércoles convocado por Roger Torrent en el paripé independentista, y en su intento de mantener la tensión y aplacar a sus bases. Los servicios jurídicos analizarán al detalle cada paso que se dé ese día, aunque ya adelantan que, la mera aprobación de un texto a favor de Puigdemont, no puede ser recurrida... siempre, eso sí, que no tenga consecuencias jurídicas.

JxCat, ERC y la CUP han presentado un texto de resolución en el parlament en el que subrayan que la cámara autonómica, “se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que Carles Puigdemont pueda ejercer sus derechos políticos, incluyendo el el derecho a someter a debate y votación su candidatura para ser investido presidente de la Generalitat”. Si esta declaración se queda en una mera declaración jurídica, no pasará nada, pero, si va más lejos, el estado actuará.

Desde el Gobierno no ahorraban este lunes críticas al sectarismo de Roger Torrent, a su falta de imparcialidad. Ha olvidado que representa a todos los grupos parlamentarios, y no solo a los separatistas, dicen. Eso sí, el Ejecutivo cree que el presidente del parlament seguirá elevando el tono pero, como ha hecho a esta hora, no se atreverá a cruzar la línea de la legalidad... En el fondo, no quiere problemas, dicen, sobre todo porque sabe que su antecesora Carmen Forcadell, está en la cárcel.