La obligación de una cuota del 6% para catalán, gallego o euskera exigido en la oferta de las producciones de todas las plataformas audiovisuales se convirtió en el pacto estrella de ERC con el Gobierno para entregar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Gabriel Rufián sacó pecho de su logro en la nueva Ley Audiovisual, pero lo hizo consciente de estar prestándose a un engaño. Así lo han desvelado desde Ejecutivo.

La futura normativa es la transposición de la directiva audiovisual europea. Sin embargo, según ha aclarado el Gobierno, la legislación estatal sólo es aplicable para los operadores con sede en cada país, pero no para quienes tienen radicada su sede en otro distinto, aunque preste sus servicios en España. El llamado “principio de país de origen” libra del acuerdo sellado entre el Ejecutivo y ERC a Netflix, HBO, Amazon Prime Vídeo o Disney +. Siempre según la versión gubernamental, los separatistas fueron en todo momento conscientes de los condicionantes de su acuerdo cuando sellaron su respaldo a las cuentas públicas.

Los términos del proyecto, según ha insistido La Moncloa, fueron“acordados con ERC”. Pillado o no en su renuncio, el portavoz del grupo independentista en el Congreso tardó horas en reaccionar pero resultó contundente en una comparecencia improvisada en la sala de prensa del Congreso de los Diputados: “Voy a intentar ser un poco soez pero también muy claro. Tocar las narices a ERC, de verdad que es un mal negocio”. Tras ver menguar el alcance de su compromiso con el Gabinete, Rufián ha doblado la apuesta con amenaza de tumbar los Presupuestos si la cuota de las lenguas cooficiales no afecta a los gigantes internacionales.

“Todos los escenarios están abiertos. También el Senado en cuanto a los Presupuestos se refiere”, ha amagado el portavoz dejando en el aire un escenario con el que no han contado en el Ejecutivo, toda vez la intención es que las cuentas queden definitivamente aprobadas en la Cámara Baja el 21 de diciembre, siempre y cuando no sufran ninguna modificación vía enmienda de algún grupo que fuerce al Congreso a nuevas votaciones para levantar el veto.

A la espera de comprobar las tragaderas del Gobierno, Nadia Calviño había vendido tras el Consejo de Ministros las bondades de su ley: “Hemos logrado un buen equilibrio con el proyecto que ahora se envía a Cortes – ha sostenido- en el sentido de impulsar la industria audiovisual y al mismo tiempo proteger nuestra cultura”. Ante la imposibilidad de aplicar la norma a las multinacionales, deberán ofertar contenidos en las lenguas cooficiales los operadores nacionales como Movistar, Atresmedia Player o Filmin ampliándose para RTVE que ofrecerá un 15% de su programación en catalán, gallego y euskera. Entre otros extremos.

Durante las semanas de negociaciones, Gabriel Rufián ya demostró su voluntad de convertir a Netflix en uno de sus objetivos y de manera clara al vender el cambio de cromos para dar sus votos a las cuentas. “De cada 100 películas ofertadas en Netflix, 30 tienen que ser producciones europeas y, de ellas, 6 en alguna de las lenguas cooficiales”, incidían los republicanos.