Con el pie cambiado. Así pilló a La Moncloa la aplicación por Pablo Llarena del nuevo Código Penal diseñado al servicio de los independentistas. La decisión del juez del Tribunal Supremo de mantener contra Carles Puigdemont la malversación en su modalidad agravada, castigada con hasta 12 años de prisión, y de no encajarle, tras el borrado de la sedición, el golpe del 1-O en los desórdenes públicos, causó sorpresa y malestar en el equipo de Pedro Sánchez.

El desencaje sufrido con Llarena hace temer que su interpretación de la reforma legislativa, hecha a priori para satisfacer a ERC, pueda extenderse ahora a otros líderes del procés como Oriol Junqueras comprometiendo su rehabilitación política o a sus decenas de fontaneros pendientes de juicio. La pretensión de Sánchez de hacer de la supuesta convivencia en Cataluña un activo clave para el PSOE queda ahora comprometida. De ahí que barones lleguen a tachar de “ruinosa” la hoja de ruta diseñada desde La Moncloa: Por el descontrol, por el momento y por lo que para ellos está en juego. “Se ha hecho un pan como unas tortas”, avisan.

Las cúpulas regionales socialistas temen por sus expectativas electorales, y justo en este clima de ansiedad, aprietan los dientes ante el espectáculo que pretende ofrecer ERC este próximo jueves durante la cumbre hispano-francesa uniéndose a la protesta separatista en las calles de Barcelona. La elección de la Ciudad Condal para celebrar el encuentro entre Pedro Sánchez y Emmanuel Macron buscaba ofrecer una “imagen de normalidad” cuando además ejercerán de anfitriones el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y la alcaldesa Ada Colau. Lo cierto es que en el mismo Gobierno impera la cautela por si vuelve a inflamarse Cataluña. Se vienen midiendo las declaraciones públicas en el intento de rebajar la amenaza y no azuzarla.

El contexto aún puede empeorar. Los nervios están puestos en posibles beneficios que puedan recibir corruptos ante el abaratamiento de la malversación. La sala de máquinas socialista se mueve a ciegas, sin capacidad de ofrecer garantías a las federaciones. “Es para echarse a temblar”, admite el poder territorial que se repliega en la tentativa de asegurarse su supervivencia. Las certidumbres ya se diluyeron con las fisuras de la ley del Solo Sí es Sí y el goteo de rebajas de penas a agresores sexuales o excarcelaciones. La ausencia de propósito de enmienda mortifica incluso a líderes de indiscutible lealtad sanchistaque llegaron a ver en la frivolidad de Ángela Rodríguez, la número dos de Irene Montero, al hablar de violadores, la ocasión de un golpe de mano del Presidente para cambiar la ley. Pero no hubo nada.

“El ruido nos mata”, alertan al unísono los feudos desbordados por Sánchez. Desde Ferraz llaman a confiar en salir indemnes de unas curvas “coyunturales” en el camino al 28-M. Para ello, lo último, a la desesperada, ha sido la puesta en marcha de un comité contra la desinformación, con el objetivo de desacreditar los ataques de PP y Vox a su gestiónante el ciclo electoral. El riesgo, aquí de nuevo, es que el debate de los bulos le estalle en la cara a Pedro Sánchez.