Vox ha avisado de que recurrirá la nueva Ley de Seguridad Nacional si viola derechos individuales o fundamentales y va contra la Constitución, toda vez que ha advertido de que el Gobierno no puede plantear medidas como el acceso a bienes personales sin pasar por el Parlamento.

El anteproyecto de ley que modificará la Ley de Seguridad Nacional y que fue aprobado en junio por el Consejo de Ministros contempla reforzar los mecanismos a disposición del Estado para acceder a los recursos necesarios durante la gestión de crisis.

El Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo recordó entonces que la actual legislación prevé la declaración por parte del presidente del Gobierno de una situación de interés para la seguridad nacional, lo que permite integrar la acción de todos los recursos disponibles de las administraciones públicas afectadas.

Sin embargo, la nueva ley podría regular la producción industrial de España en función de las necesidades surgidas por una situación de crisis así como la Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (Recapi) para buscar "una solución a la dependencia del abastecimiento exterior y la fragilidad del flujo comercial internacional" de los recursos y materiales necesarios.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha avisado al Gobierno de que la reforma de la Ley de Seguridad Nacional no puede servir para "imponer un régimen de terror contra los derechos individuales" y ha pedido la comparecencia del director de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros, en el Congreso para que explique este anteproyecto.

Vox ha solicitado que Ballesteros acuda a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para informar de las "prestaciones personales" que podría imponer el Gobierno a los ciudadanos a tenor de la nueva norma.

En este sentido, ha avisado de que la Constitución contempla cuáles son los derechos fundamentales y ha incidido en que el Ejecutivo "no puede plantear podernos confinar ni coger prestaciones personales sin pasar por el Parlamento".

"Y si sospechamos que es una ley inconstitucional, la recurriremos al Tribunal Constitucional", ha puntualizado.