(Actualiza la NA2132 con la reacción de PP y Vox al nuevo fondo creado por el Govern)

Vox, Cs y PPC han coincidido en rechazar el fondo de ayuda a ex altos cargos a los que el Tribunal de Cuentas exige fianzas de 5,4 millones de euros anunciado este martes por el Govern y han advertido que estudiarán llevarlo ante los tribunales.

"Los miembros de la mafia separatista, ahora en el gobierno, acuden al rescate de los condenados por malversación. De prosperar, incurrirán en el mismo delito y los sentaremos en el banquillo", ha afirmado el líder de Vox en la cámara catalana, Ignacio Garriga.

"Cataluña no es del separatismo", ha apostillado el diputado de Vox.

También el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha advertido en rueda de prensa que "denunciarán políticamente" y "pondrán en conocimiento de la Justicia en su caso" ese "aval" que, de llevarse a cabo, sería un "robo" y una "doble imposición" para los contribuyentes catalanes.

"Esas personas deberían asumir sus fianzas a título individual", ha defendido Martín Blanco, quien ha añadido que es "inadmisible" que los ciudadanos catalanes "tengan que pagar los excesos de los separatistas".

Por su parte, desde Twitter, el líder del PPC, Alejandro Fernández, ha mostrado su perplejidad por la propuesta del Govern y ha advertido de las consecuencias que puede acarrear.

"Malversar está fatal, pero malversar la malversación solo estos figuras podían lograrlo...luego vendrán los lamentos", ha apuntado el líder de los populares en el Parlament.

Fuentes de los populares han confirmado a Efe que estudiarán impugnar ante la Justicia el nuevo fondo.

El Govern ha creado un fondo con dotación inicial de 10 millones de euros para ayudar a los ex altos cargos de la Generalitat a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por valor de 5,4 millones por haber promocionado el referéndum ilegal del 1-O en el extranjero usando, supuestamente, dinero público.

Este fondo llevará el nombre de Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (FCRCAT) y se podrá acoger a él cualquier funcionario al que se pidan responsabilidades legales por actividades relacionadas con el desempeño de su cargo, siempre que cumpla ciertos requisitos.