El pasado mes de septiembre se dio luz verde a la propuesta socialista de reformar el Código Penal para añadir un nuevo precepto que castigue a los que consideran acosadores en los alrededores de una clínica abortiva. Las enmiendas a la totalidad por ambos partidos han sido rechazadas una vez finalizado del debate.

La propuesta contó en su momento con el apoyo de todos los grupos excepto del PP y Vox. Contempla penas de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad para quienes la incumplan. De salir adelante, que salvo sorpresa será así, se reformaría el Código Penal para incluir este nuevo artículo. Afectaría, por ejemplo, a los voluntarios que se mueven por el entorno de estas clínicas para ofrecer a estas mujeres otra alternativa al aborto. O a un grupo que se manifieste en contra allí. Cualquiera que consideren que está menoscabando la libertad de la mujer.

Los defensores de esta propuesta han recordado desde el inicio de su tramitación que el aborto es un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico español, y han acusado de forma constante a la derecha de oponerse al ejercicio de la propia libertad de los ciudadanos.

Tanto Partido Popular como Vox han dejado claro que dicha modificación no garantiza la libertad de las mujeres. Que solo busca seguir construyendo un nuevo ordenamiento jurídico con intereses.

Vulnera los derechos básicos de libertad de expresión. En caso de que se diera coacción o violencia, ya existen artículos en el Código Penal que lo castigan.

Los populares, por un lado, han señalado que la reforma no hace más que responder a derechos partidistas e ideológicos. Dicen que criminaliza el derecho de reunirse o expresarse mientras se despenaliza la labor de un piquete informativo o se atacan instituciones con total impunidad.

Por otro lado, argumentan que una reforma así no garantiza la libertad de las mujeres y su protección, sino que se quiere seguir construyendo un nuevo ordenamiento jurídico al margen de la Constitución, sin tener en cuenta el interés general, solo el partidista.

En cuanto a Vox, la formación de Santiago Abascal subraya que la reforma que plantea el PSOE vulnera tres derechos fundamentales: el de reunión, libertad de expresión y el de libertad ideológica. Obedece, señala el partido, solo a fines ideológicos.

Señalan, además que el estatus del 'no nacido' no cambia en función de la voluntad con que la madre o la sociedad lo acojan. Una crítica que extienden a la falta de ayudas sociales, laborales o económicas a la maternidad, incluso que no se fomente la propia maternidad. Al igual que el PP, Vox señala también en su texto que el Código Penal ya castiga la coacción o la violencia en ese tipo de supuestos, por lo que no tiene sentido reformarlo para incluir estas actividades en torno a las clínicas donde se practican abortos.