Podemos votará en contra de la ley de movilidad sostenible de la que dependen 10.000 millones de euros de los fondos europeos

El portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez, ha asegurado que, para que su partido "no tumbe hoy" en el pleno el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, el Gobierno tiene que comprometerse por escrito a parar la ampliación del aeropuerto de El Prat (Barcelona).

"Para que Podemos no tumbe hoy esta ley insuficiente e inútil, exigimos aquí y ahora un compromiso claro por escrito de que no habrá ampliación de El Prat, porque la bandera de la movilidad no puede ser solo una chapita que se pone en los días alternos, mientras seguimos alimentando un modelo de economía fósil que quema nuestro planeta", ha afirmado durante el debate, a pocas horas de la votación.

Considerada una ley imprescindible para modernizar la movilidad en España y luchar contra el cambio climático, de su aprobación depende la llegada a España de 10.000 millones de euros de fondos europeos.

Los votos de Podemos son decisivos para que el proyecto no sea devuelto al Gobierno y una abstención de sus cuatro diputados bastaría para que saliera adelante, ya que el texto cuenta con el apoyo del resto del llamado bloque de investidura (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y CC), frente a los contrarios del PP, Vox y UPN.

En su intervención, el ponente de Sumar Alberto Ibáñez ha acusado a Podemos de estar haciendo "estrategia corta" y "campaña de la cutre" y ha defendido que este proyecto es fruto de un "gran acuerdo" entre diferentes grupos políticos, el movimiento ecologista, los sindicatos, el Consejo de la Juventud y diversas patronales.

Desde el PSOE, Ignacio López Cano ha dicho que la elección en esta votación, tanto del PP como de Podemos, es "estar con los nuevos derechos o estar con la extrema derecha", mientras que Cristina Valido, de Coalición Canaria, ha lamentado que "no prioricen el interés de la ciudadanía al ombligo de sus partidos".

Para Bildu, el balance del texto es "agridulce" y el resultado final no está a la altura que requiere la situación de emergencia climática que se vive, ha señalado el diputado Mikel Otero.

Pese a sus reticencias, ha afirmado que esta ley puede ser vista como una "pieza fundacional" de una política de movilidad moderna, si su desarrollo reglamentario y el compromiso presupuestario posterior se hace con ambición.

Desde Junts, Isidre Gavin ha destacado su labor para mejorar el texto inicial, que se planteaba -han dicho- desde una "mentalidad centralista", para que fuera positivo para Cataluña.

El impulso del transporte ferroviario de Cercanías y el desbloqueo de infraestructuras estratégicas para esta comunidad son algunas de las aportaciones que ha destacado.

En la misma línea, la diputada de ERC Inés Granollers ha apuntado que la ley nació "mal" e "incompleta", pero gracias a los cambios introducidos en la ponencia se han salvaguardado las competencias de la Generalitat -una de sus líneas rojas- y se ha dado un "paso histórico" en las mercancías ferroviarias, entre otras cuestiones.

El representante del PP José Alberto Herrero ha justificado su rechazo en que se trata de una "ley puramente ideológica" y ha criticado especialmente que "demonice el vehículo privado" y que, a su juicio, deje a numerosos municipios sin parada de autobús en el nuevo mapa concesional, algo que niegan los socialistas.

Para Carina Mejías (Vox) esta ley es una "chapuza para imponer la ideología de la agenda 2030, que bajo el disfraz ecológico protege a los ecopijos y ecoburgueses y ahoga y perjudica a los trabajadores, recortando derechos y aumentando la burocracia".