La ley de Bienestar Animal que prepara el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra quiere prohibir la venta de animales en tiendas (salvo los peces). COPE accede en primicia a las alegaciones que va a presentar AEDPAC, la patronal de la distribución. Alertan de que la norma pone en peligro la supervivencia de unas 5.000 tiendas de mascotas que generan alrededor de 100.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

Su presidente, Adolfo Santa-Olalla, asegura que si la norma se aprueba, tal y como está ahora mismo redactada, va a producirse un efecto cascada que golpeará a toda la distribución. Desde la venta de animales, a la de alimentos, pasando por el mercado de complementos. “Calculamos que la mitad de los comercios van a cerrar en los dos años siguientes a la aprobación de la ley”, afirma a COPE.

AEDPAC denuncia que se trata de un anteproyecto ideológico que solo ha recogido las reivindicaciones del sector ecologista-animalista, repleto de contradicciones y de fallos jurídicos. En el documento, por ejemplo, se critica la falta de concreción a la hora de definir conceptos clave como animal de compañía o animal doméstico. Una situación que da margen a la interpretación y que, por tanto, genera mucha inseguridad jurídica.

Una de las razones principales que impulsa la futura ley de Bienestar Animal es luchar contra el abandono. El Gobierno cree que la mejor manera es prohibir la exhibición y venta de animales en tiendas para acabar con las compras compulsivas. Sin embargo, el pequeño comercio considera que la decisión no es la correcta.

Josep Arnas es el secretario general de ASAC. Destaca a COPE el siguiente dato: del total de perros abandonados cada año en nuestro país, no llega al 5 por ciento los que se compran en una tienda. “Basta con acercarse a una protectora. La mayoría de animales son mestizos y no llevan el microchip, por tanto, no se han vendido en comercios”, concluye Arnas.

Una teoría que defienden los propios dueños de las tiendas

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Pilar, por ejemplo, tiene una en Hospitalet de Llobregat. Nos cuenta que ella nunca vende un animal sin aconsejar a la persona interesada. Le cuenta qué necesidades tiene, qué exigencias va a conllevar, el tipo de comida que va a consumir, incluso los gastos que puede generar. Una vez todo esto está claro, entonces se dispone a vender el animal. Incluso, Pilar confiesa a COPE que, si en un tiempo, esa persona se cansa de la mascota seguramente terminará, de nuevo, en la tienda. “No es la primera vez que me pasa”, cuenta la dueña de 'El Lloro Blau'.

Pilar calcula que si le prohíben vender animales va a perder un 30 por ciento de su facturación seguro. Y luego, también, otro porcentaje importante por el efecto arrastre: “el que se lleva un periquito, también me compra una jaula, comida...” Esta situación temen sufrirla, incluso, aquellos que se dedican de manera especializada a la acuarofilia. Y eso que la norma excluye, de la prohibición, solo a los peces criados en cautividad.

Pero Javier Burcio, que tiene una tienda en Madrid con 2 empleados, destaca que no podrá vender gambas, caracoles y la mayoría de peces de agua salada que proceden de capturas. “Yo calculo que la facturación me puede caer entre un 50 y un 60 por ciento. El problema es que la gente que no venga a comprarme una gamba, seguramente tampoco lo hará para otras cosas como filtros, esponjas o incluso peces”, cuenta a COPE.

Además, Javier destaca otra consecuencia importante que puede tener esta ley. Y es que la venta de animales que ya no puedan hacer las tiendas se desplacen al mercado negro. “La gente va a querer seguir comprando determinadas especies. Si los comercios no podemos ofrecérselas, esas transacciones se van a hacer por detrás. Particulares venderán animales que no han pasado ningún control sanitario, con pagos en negro y, encima, de manera impune. Llevo 20 años en este sector, siempre ha existido el mercado negro y nunca he conocido el caso de una persona multada por el SEPRONA”, asegura resignado Javier.

El Gobierno propone que los veterinarios sean policías

COPE ha consultado al Ministerio de Derechos Sociales, precisamente, por este asunto. Y la respuesta ha sido la siguiente: “la norma plantea herramientas para controlar la procedencia de todos los animales de compañía una vez accedan a clínicas veterinarias, por ejemplo”. Es decir, la norma plantea que sean los veterinarios los que den la voz de alarma ante un animal que no se haya comprado por los cauces que regule la futura ley de Bienestar Animal.

Y este punto no gusta nada al sector de las clínicas veterinarias. Preguntado por este asunto, Jesús Gutiérrez Aragón, vicepresidente del departamento de asuntos legales de la Confederación Empresarias Veterinaria Española lo tiene claro: “los centros veterinarios no somos comisarias de policía. Lo que no debe ocurrir nunca es que la gente deje de traer a sus animales cuando estén enfermos por miedo a ser sancionados. Deben tener la seguridad y la confianza para saber que siempre vamos a estar abiertos. La prioridad es devolver la salud a sus mascotas”.