El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reconocido "errores" en la gestión del derrumbe del vertedero de Zaldibar y ha admitido que los "mecanismos de control no han sido suficientes" para prevenir este desprendimiento, del que el Gobierno Vasco ha responsabilizado a la empresa propietaria.

El lehendakari ha comparecido en la Diputación Permanente del Parlamento Vasco junto con cuatro consejeros de su gabinete para explicar todas las gestiones del Gobierno tras el colapso del vertedero.

Esta comparecencia ha coincidido con la extinción del incendio en la escombrera que había provocado niveles de furanos y dioxinas que podrían ser nocivos en los municipios próximos: Zaldibar, Ermua y Eibar, que suman 46.000 habitantes.

La extinción del incendio tendrá un "efecto inmediato" en la calidad del aire y facilitará las tareas de búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos, Joaquín Solaluce y Alberto Beltrán.

En su comparecencia, que se ha prolongado durante cuatro horas, el lehendakari ha informado de que también este martes se ha levantado la prohibición de no consumir ni vender productos de las huertas cercanas al vertedero.

Sobre la gestión de su Gobierno en este suceso, ha recordado que el desprendimiento ocurrió en una empresa y un terreno privados, que la actuación de la Administración es "subsidiaria", que las responsabilidades en esta "tragedia" las decidirán los tribunales y que su gabinete se personará "en todas las causas".

Urkullu ha reconocido sin embargo que su Gobierno ha cometido "errores" y "actuaciones mejorables en la forma", pero lo ha relacionado con "una circunstancia inédita en su dimensión, complejidad técnica y a la necesidad de intervenir con urgencia".

Además ha admitido que "a la vista de las consecuencias cabe afirmar que los mecanismos de control no han sido suficientes" para prevenir el derrumbe.

Urkullu ha defendido que desde el primer día la "prioridad" han sido las personas: el rescate de los desaparecidos y la seguridad de los equipos de rescate y los vecinos.

El lehendakari, que ha destacado la "información veraz, completa y realista" que han recibido los familiares desde el primer momento, ha criticado que el derrumbe se haya usado para "agitar los miedos" y para "debilitar al adversario político".

El consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, ha sido más directo y ha considerado a la empresa Verter Recycling "plenamente responsable" de la seguridad y estabilidad del vertedero.

Ha señalado que el vertedero fue sometido el verano pasado a una inspección "exhaustiva y meticulosa" que detectó 23 "desviaciones" aunque ninguna grave ni "vinculada con la estabilidad", y ha informado de que un informe de la empresa de mayo de 2019 daba por garantizada esa estabilidad.

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"En absoluto había indicio alguno que hiciera pensar que el vertedero presentaba problemas de estabilidad", ya que de lo contrario "se habrían tomado las medidas adecuadas con la urgencia debida", ha dicho Arriola, que tiene "la conciencia muy tranquila".

La titular de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha relatado que "en los contactos iniciales" nadie de la empresa mencionó la presencia de amianto y que cuando se supo se descontaminó la ropa de las 150 personas que habían participado en las tareas de rescate y los 60 vehículos usados.

La consejera de Trabajo, María Jesús San José, ha explicado que estos trabajadores serán sometidos a controles médicos por su exposición al amianto.

La consejera de Salud, Nekane Murga, ha expuesto que los "elevados" valores de furanos y dioxinas "no suponen un riesgo para la salud", pero que por "precaución" se ha procurado "reducir la exposición de las personas con medidas sencillas y efectivas", como no ventilar o no hacer deporte al aire libre.