Los ministros de Interior de la Unión Europea se encontrarán este jueves en Luxemburgo con el reto de superar el bloqueo de la reforma de la política de asilo común y acordar un mecanismo para el reparto de la acogida de los migrantes llegados de manera irregular a los países de entrada a la Unión Europea sometidos a una mayor presión de los flujos migratorios.

La solución sobre la mesa de los ministros es el resultado de meses de negociación a nivel técnico conducidos por la presidencia de turno que ocupa Suecia este semestre y que pretende garantizar el "equilibrio" entre la solidaridad que reclaman los países del sur, como España e Italia, y las líneas rojas de los socios del este y del norte, que apelan a la "responsabilidad" de los primeros para contener los movimientos secundarios.

El objetivo es establecer los criterios y umbrales que activarán un mecanismo de "solidaridad flexible" que obligará a los demás países a reaccionar cuando uno de los socios se vea desbordado con la llegada de migrantes, ya sea reubicando en su territorio a parte de las personas llegadas o pagando una compensación tasada por cada reubicación que rechace.

El último borrador de la propuesta, al que ha tenido acceso Europa Press, apunta a una reubicación de un mínimo de 30.000 migrantes cada año y una contribución financiera de al menos 600 millones de euros anuales a la reserva de solidaridad de aquellos gobiernos que no acepten dar asilo a la parte que les corresponda. La propuesta de acuerdo prevé también como alternativa una aportación en material útil para la gestión y control de los flujos a la altura del valor de la compensación estimada.

En todo caso, tanto la Comisión Europea como la presidencia sueca han insistido en los últimos días en dejar claro que el mecanismo en el que se trabaja "en ningún caso" contempla la posibilidad de fijar "cuotas de reparto obligatorias", una demanda que al inicio de la negociación resultaba irrenunciable para España y el resto de países del Mediterráneo pero que ha decaído ante la imposibilidad de acuerdo al respecto.

De acuerdo al mecanismo propuesto, será la Comisión Europea la encargada de realizar una evaluación anual sobre la situación en cada Estado miembro y determinar cuáles se encuentran "bajo presión" por no tener capacidad para gestionar un pico repentino de demandantes de asilo o llegadas irregulares.

En base a esa evaluación, Bruselas designará qué países pueden solicitar activar la "reserva solidaria" y acudir a ella para pedir un apoyo "razonable y proporcionado", según recoge el borrador. La clave de reparto de las contribuciones tendrá en cuenta el tamaño de la población y la economía de cada país y el Ejecutivo comunitario también evaluará el volumen de migrantes que deben ser reubicados y el valor de las compensaciones para quienes rechacen participar en la acogida compartida.

Los contactos de las últimas semanas en Bruselas han permitido acercar posiciones hasta un "punto intermedio" que, si bien no contenta plenamente a ninguna delegación, sí parece suficiente para convencer a la mayoría cualificada necesaria para sacar adelante el acuerdo, según apuntan distintas fuentes europeas.

A excepción de Polonia y Hungría, que rechazan de plano cualquier reforma que implique compartir la carga migratoria, sí existe un consenso general en cuanto a la necesidad de equilibrar la responsabilidad y solidaridad "obligatoria" mediante un marco "flexible", en tanto que no es posible contentar plenamente a ninguno de los dos bloques de países.

En vísperas de la reunión en Luxemburgo, un alto diplomático concedía que "nunca se conseguirá unanimidad" para salvar las diferencias tan señaladas en materia migratoria entre los Veintisiete, pero los socios sí ven posible el acuerdo con el apoyo de una mayoría cualificada suficiente si se salvan las últimas reservas de grandes países como Italia.

Además de Hungría y Polonia, fuentes consultadas por Europa Press advierten de que otros socios como Austria y Malta también se oponen a la oferta de acuerdo que los embajadores examinaron este mismo miércoles y hay otros socios que no han mostrado aún claramente su posición o, como Italia o España, piden alguna concesión más.

En todo caso, si los ministros logran el acuerdo sobre la gestión y procesamiento del asilo, que son los dos reglamentos que discuten este jueves, será sólo "una parte del trabajo", recuerda uno de los negociadores, porque con ello fijarán su mandato para la negociación con el Parlamento Europeo, el colegislador con quien aspiran a pactar la reforma antes de que se celebren las elecciones europeas en junio del próximo año.