En estos días en los que la malversación está en el primer plano de la actualidad, el mayor caso de corrupción del país afronta nuevos juicios. El Tribunal de Cuentas encara ya las primeras citas contra UGT en el caso del fraude de los ERE en Andalucía, en concreto, los casos sobre las prejubilaciones fraudulentas a trabajadores de la minería andaluza, especialmente en Huelva. La trama incluyó a personas que no habían pisado en su vida una mina.

Dentro del centenar de piezas separadas de la macro causa de los ERE, el mayor caso de corrupción de nuestra historia democrática, aún quedan por resolver los 'procedimientos de reintegro por alcance' con los que tratar de recuperar parte del dinero malversado en Andalucía, repartido entre la clientela que sufragaban el PSOE y los sindicatos. Ahora UGT tiene que responder por su papel de cómplice en un fraude que benefició a falsos trabajadores que se lucraron con los ERE articulados por la Junta.

Mientras tanto, el Gobierno ultima la reforma del Código Penal en la que la reforma de la sedición ha derivado también en una modificación de la malversación, para responder así el PSOE a la pretensión de Esquerra, sus socios para sacar adelante los presupuestos. De ahí, para enmascarar esta cuestión, Patxi López ha anunciado este viernes un nuevo tipo, el enriquecimiento ilícito. Aun así, ha negado que lo hayan hecho para "contrarrestar" el cambio sobre malversación y ha descartado cualquier tipo de vinculación con el caso de los ERE de Andalucía.

Los ERE

UGT tendrá que responder como acusado principal ante el Tribunal de Cuentas por el desvío de fondos públicos en el caso de los ERE. El fraude asciende a 10 millones de euros y se remonta 20 años atrás. Según la investigación, el sindicato fue mediador e, incluso, beneficiario de este fraude.

El juicio se centra en ayudas fraudulentas a trabajadores de la minería. Muchos recibieron la ayuda y no cumplían con los requisitos. Eran los conocidos como "intrusos": aquellos que no habían pisado una mina o no tenían edad para prejubilarse y, aun así, la cobraron. El sindicato tiene embargadas 49 sedes andaluzas. El Tribunal de Cuentas aceptó estos inmuebles como garantía para cubrir la fianza impuesta por el caso de los ERE.