El Gobierno español no saldará este jueves con un balance positivo. La culpa la tiene la primera gran derrota parlamentaria del Ejecutivo de coalición que forman el PSOE y Unidas Podemos: el Congreso de los Diputados ha rechazado un decreto-ley sobre remanentes municipales que el Ministerio de Hacienda buscaba sacar adelante.

Con 193 votos en contra y 156 afirmativos, la ministra María Jesús Montero ha visto cómo el proyecto que encabezaba (y para el que los socialistas consiguieron finalmente el apoyo de sus socios de Podemos) se ha ido al traste. Esto es todo lo que hay que conocer a raíz de la decisión.

Los remanentes municipales

Son todos los ahorros acumulados por los ayuntamientos en años pasados. Aquí se incluyen los superávits (tener más ingresos que gastos) sin gastar. Además, los remanentes ayudan a conocer cuál es la situación económica de la entidad en concreto a la que corresponden. Es decir, su grado de liquidez a corto plazo.

Si los remanentes presentan valores negativos, no se pueden afrontar las deudas que correspondan: hay insolvencia. El problema viene cuando los saldos anuales son negativos de manera recurrente, ya que las cuentas de la entidad en cuestión pueden estar en dificultades.

La legislación sobre los remanentes municipales

Será la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la que continúe en vigor hasta nueva orden. También conocida como 'Ley Montoro' (en honor al anterior responsable de Hacienda), afirma en su artículo 12 que un ayuntamiento no puede gastar más de un año para otro.

¿Cómo se limita ese gasto de cara al año siguiente? En función de “la tasa de referencia de crecimiento del PIB (Producto Interior Bruto) de medio plazo de la economía española”. Según cuál sea ese dato porcentual, se reducirá más o menos el gasto del ayuntamiento en cuestión con respecto al ejercicio anterior.

Con esta legislación, los ayuntamientos no pueden gastar sus ahorros o remanentes. Sólo tienen la opción de amortizar deuda con ellos o de destinarlos a depósitos bancarios. Eso sí, si no hay déficit de por medio.

La propuesta del Gobierno que no ha salido adelante

El Gobierno proponía ahora destinar 5.000 millones de euros a los ayuntamientos con remanentes y que estos participasen de forma voluntaria en ese préstamo al Estado. Tenían que utilizar ese dinero para unos fines determinados, como la movilidad o la cultura.

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Además, había un compromiso de devolución íntegra del préstamo por parte del Estado en un plazo de 10 años desde 2022, con un máximo de hasta 15 años para hacer el reembolso. Si el acuerdo hubiese entrado en vigor, los ayuntamientos no habrían estado tan limitados en cuanto al gasto en 2020.

Se habrían alcanzado esos 5.000 millones prometidos con un máximo de transferencia estatal de 2.000 en 2020 y de 3.000 en 2021. El ingreso no financiero del Estado a los ayuntamientos hubiese sido de un importe, por lo menos, del 35% de los fondos aportados al préstamo. El dinero habría quedado liberado en dos años y las administraciones locales participantes habrían tenido un tipo de interés del 0%. Más un ahorro de hasta 70 millones de euros al año por no tener los remanentes en las entidades financieras.

Sin embargo, la modificación no ha prosperado, con un gran número de alcaldes en contra de la misma: hasta más de 2.800. Entre ellos, José Luis Martínez-Almeida (Madrid), Ada Colau (Barcelona), José María González 'Kichi' (Cádiz), Juan María Aburto (Bilbao) y Jorge Azcón (Zaragoza).

El coronavirus, y los efectos nocivos que ha causado en la economía, ha tenido mucho que ver en el fracaso de la iniciativa gubernamental. Los remanentes municipales, por ahora, tendrán que seguir gestionándose igual que hasta la fecha.