Este lunes se ha convertido en el primer día laborable después que de que haya decaído el estado de alarma y el caos jurídico en las comunidades autónomas deja pendiendo de un hilo una mejoría de la situación sanitaria en las distintas regiones del mapa.

Tras más de seis meses desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretara el segundo estado de alarma para hacer frente a la segunda ola de la pandemia de coronavirus, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley que permite a los Gobiernos autonómicos a acudir al Tribunal Supremopara ratificar las restricciones que se deseen imponer en cada región desde que decayera el estado de excepción.

Fin del estado de alarma marcado por aglomeraciones sin medidas de seguridad

El pasado sábado a las doce de la noche, el ambiente en las principales ciudades españoles era anómalo. Más bien, poco habitual. Imágenes de decenas de personas conglomeradas, sin distancia de seguridad ni mascarillas, haciendo botellones y celebrando el fin del estado de alarma. Una fotografía que ha servido para imaginarse lo peor y en las posibles consecuencias que podría haber en varias semanas, cuando estas aglomeraciones se traduzcan posiblemente en nuevos contagios y una mayor presión en las Unidades de Cuidados Intensivos.

La respuesta del Gobierno ha sido ofrecer a las comunidades la posibilidad de solicitar un nuevo estado de alarma para poder decretar medidas que afecten a los derechos de los ciudadanos como, por ejemplo, el toque de queda.

Mientras no exista un estado de alarma, no se podrán llevar a cabo este tipo de medidas. Lo ha asegurado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien además ha aclarado que no se va a preparar ninguna reforma legal para poder restringir los derechos fundamentales. Campo ha recordado además que los Gobiernos regionales pueden solicitar al Ejecutivo central aplicar un decreto de estado de alarma en su territorio para poder imponer nuevas medidas.

¿Por qué no es buena idea regionalizar el estado de alarma?

El Estado de Alarma está recogido en el artículo 116 de la Constitución Española y está contemplado para situaciones excepcionales como desastres naturales, catástrofes o crisis sanitarias entre otras cuestiones.

Por el momento, y tal y como han trasladado desde el Ejecutivo, la comunidad que desee aplicar medidas más duras que puedan afectar a los derechos fundamentales, podrán solicitarlo. Según el artículo 116, “el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros” y deberá dar cuenta al Congreso de los Diputados.

En otras palabras, para poder decretar un nuevo estado de alarma, el Gobierno deberá aprobarlo en primer lugar en el Consejo de Ministros “por un plazo máximo de quince días”. Asimismo, deberá dar cuenta en el Congreso de los Diputados “reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo”, consta en la Carta Magna. En este sentido, para llevar a cabo una prórroga es necesaria una mayoría simple. Es decir, más ‘síes’ que ‘noes’, sin tener en cuenta el total posible de votos.

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En este sentido, son muchos los que se han preguntado hasta qué punto podría tener sentido regionalizar el estado de alarma. Como hemos explicado, el Congreso de los Diputados tendría que dar luz verde con una mayoría a este estado de alarma. Por ejemplo, si la Comunidad de Madrid solicita al Gobierno decretarlo en la región, tendrá que ser ratificado en la Cámara Baja, en la que tendrán que votar partidos regionales como Teruel Existe, EH Bildu o el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) entre otras formaciones autonómicas. En otras palabras, diversos partidos de carácter regional con representación parlamentaria deberán votar en la Cámara, a favor o en contra, de decretar un nuevo estado de alarma en una región concreta del mapa española.

Una realidad que, en muchos casos, podría servir para difuminar la realidad epidemiológica de una comunidad autónoma, obviando la situación en la que se encuentra, sin tener en cuenta sus necesidades o su situación sanitaria.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que las comunidades autónomas cuentan con las “herramientas suficientes” para poder hacer frente a la pandemia. El caos jurídico, sin embargo, no parece dar la razón al presidente y ya son varias comunidades las que plantean solicitarlo, aunque no de manera regional, sino nacional, que podría servir para unificar estas restricciones que afectan a los derechos de los ciudadanos.

¿Qué medidas pueden tomar las comunidades?

Es necesario dejar claro que las comunidades autónomas no pueden tomar medidas que afecten directamente a los derechos fundamentales de los españoles como, por ejemplo, las restricciones de movilidad nocturna. Sin embargo, sí pueden poner horario de cierre de la hostelería y los comercios, así como limitar los aforos.

Desde el Gobierno han asegurado que deberán ser los jueces quienes tomen las decisiones en cuanto a medidas que afecten a los derechos y el Tribunal Supremo deberá unificar los criterios.