El Tribunal Supremo (TS) abordará el próximo martes una vista pública en la que estudiará si es o no competente para juzgar al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y a los otros 17 acusados en la causa del "procés", en lo que será el último paso antes de encarar el juicio el próximo año.

Se trata de la vista del artículo de previo pronunciamiento, el equivalente a las cuestiones previas del juicio, en la que los magistrados deben analizar la solicitud de las defensas de que sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) quien juzgue los hechos, como así vienen sosteniendo desde que arrancó la causa.

Según su versión, es el alto tribunal catalán y no el Supremo quien debería sentarles en el banquillo dado que el proceso soberanista catalán y los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre y el referéndum del 1-O tuvieron lugar íntegramente en Cataluña.

Por primera vez, las defensas de los 18 acusados acudirán al Supremo a una vista pública celebrada por un tribunal de siete jueces, presidido por Manuel Marchena, y en la que estarán presentes la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox.

No así los acusados, que a día de hoy no han solicitado asistir a la misma y que, según fuentes jurídicas consultadas por Efe, no se prevé que acudan, principalmente por ser una vista técnica y por las logística que conlleva su desplazamiento a Madrid desde las prisiones de Cataluña.

La ley fija un día de plazo para resolver las cuestiones previas planteadas, aunque fuentes jurídicas señalan que es posible que haya que esperar unos días más para conocer la decisión de la Sala.

El Supremo dice que el análisis de los hechos alegados en los escritos, "enriquecido por las alegaciones que en el acto de la vista se formulen por las defensas será determinante del desenlace del presente incidente".

No obstante, las defensas tienen pocas o nulas esperanzas de que el Supremo acceda a su petición para celebrar el juicio en Cataluña, lo que no quita, afirman, que agoten todas las vías ordinarias y extraordinarias para tal fin.

Una posición que forma parte de la estrategia conjunta de todas las defensas de no dejar ningún resquicio procesal sin abordar ni agotar para no dar pie a que Estrasburgo pueda en el futuro reprocharles que no utilizaron todas las herramientas jurídicas que contempla la legislación española.

En caso de que ratifiquen su competencia para enjuiciar los hechos, como es previsible puesto que así ha hecho el Supremo desde que asumió la causa en varios escritos formulados por el juez instructor y confirmados por la Sala de Apelaciones, las defensas contarán con un plazo 10 días para presentar sus escritos.

Todo ello a la espera de que la Sala fije definitivamente la fecha del juicio que, previsiblemente, tendrá lugar a finales de enero, si bien antes el tribunal deberá resolver también sobre la admisión de la prueba planteada por las partes en sus escritos.

En particular, el alto número de testigos que ya han solicitado las acusaciones y que las defensas prevén proponer para declarar en las sesiones y que, según afirman fuentes consultadas por Efe, podrían provocar que el juicio se prolongue más de lo esperado por el propio tribunal.