Los expertos jurídicos consultados por COPE aseguran que no es inconstitucional la devolución de competencias autonómicas, ni la consulta a los padres sobre las actividades escolares con carga ideológica. Sin embargo, la expulsión masiva de inmigrantes ilegales iría contra el respecto a los derechos humanos defendido en la Carta Magna.

DEVOLUCIÓN DE COMPETENCIAS

La Constitución de 1978 contempla el listado de competencias que puede asumir cada comunidad autónoma, que luego ha ido desarrollando el Estatuto de cada una de ellas. Los expertos jurídicos con los que ha hablado COPE, como Isabel Álvarez Vélez, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia de Comillas, insisten en que “no hay ningún artículo de la Carta Magna que rechace la posibilidad de que esas competencias sean devueltas y, por tanto, no podemos hablar de inconstitucionalidad”.

Para conseguir la devolución de las competencia de sanidad, educación, justicia y orden público, como pide Vox, “habría que reformar el Estatuto de Andalucía, añadía Álvarez Vélez, y eso supondría contar con los votos necesarios en el Parlamento autonómico. Luego tendría que pasar a las Cortes Generales para tramitarse como Ley Orgánica”.

Otra cosa es que la medida planteada por Vox sea una “revolución en el modelo territorial del Estado”, que sería una medida muy “controvertida porque nuestra Carta Magna no prevé esa situación”, incluso lo tachan de “disparate jurídico”. Así lo explicaba en COPE Octavio Salazar, catedrático de derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. A esta petición de Vox ya han mostrado un rotundo rechazo no sólo las comunidades gobernadas por el PSOE sino también, y con toda claridad, las gobernadas por el Partido Popular.

EXPULSION DE INMIGRANTES

El partido de Santiago Abascal acusa a la Junta de Andalucía de “encubrir” la inmigración irregular y reclama a los ciudadanos que “colaboren con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados”. Según sus cálculos (cuyas fuentes no citan), hay 52.000 extranjeros en esta situación que el Gobierno andaluz debe delatar. 

En opinión del catedrático Octavio Salazar esta petición de “complicidad con la policía para delatar a los inmigrantes sin papeles iría contra el respeto a los derechos humanos que recoge nuestra Constitución”.

PIN PARENTAL 

La medida pretende que la dirección de los centros educativos pida la autorización de los padres para dar a los niños “charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones”. En este sentido, Isabel Álvarez Vélez recodaba en COPE “el derecho constitucional de los padres a elegir la educación moral y religiosa de sus hijos” y, por tanto, sería una medida legal.

Además, el plan persigue acabar con “la discriminación de los andaluces” que viven en otras regiones de España, con asistencia legal y económica para quienes se vean obligados a “escolarizar a sus hijos en una lengua regional”.

OTRAS MEDIDAS 

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El documento de Vox incluye también ayudas a las mujeres con embarazos no deseados, un plan de extensión de los cuidados paliativos, fomento de la natalidad y un conjunto de medidas económicas, con rebajas fiscales, que es lo único que coincide con lo pactado por PP y Ciudadanos para Andalucía. El resto dicen que son “inaceptables”.